Infraestructura pública de wifi gratuito: el nuevo modelo de conectividad estatal en México

Despliegue de 28,000 puntos de acceso marca transición hacia financiamiento autosustentable de servicios digitales

Organismos públicos impulsan la expansión de redes de telecomunicaciones gratuitas mediante un modelo de inversión autosustentable que marca un quiebre respecto a la dependencia de transferencias presupuestales federales. Con una inversión estimada de 10,465 millones de pesos, se prevé instalar 27,750 nuevos puntos de acceso wifi en teleescuelas, unidades médicas…

Organismos públicos impulsan la expansión de redes de telecomunicaciones gratuitas mediante un modelo de inversión autosustentable que marca un quiebre respecto a la dependencia de transferencias presupuestales federales. Con una inversión estimada de 10,465 millones de pesos, se prevé instalar 27,750 nuevos puntos de acceso wifi en teleescuelas, unidades médicas y espacios públicos estratégicos, conectando las 32 entidades del país y atendiendo 72,233 áreas identificadas como prioritarias.

Esta estrategia refleja un cambio estructural en la gobernanza de la infraestructura digital. Desde 2022, los proyectos de conectividad dependían de asignaciones presupuestales del gobierno central. Ahora, la financiación proviene de ingresos generados por la comercialización de servicios de conectividad, lo que implica un modelo de negocio híbrido donde la rentabilidad operativa sostiene la expansión de acceso público. La infraestructura combina fibra óptica, enlaces satelitales y tecnología 4G, adaptándose a la geografía y densidad poblacional de cada región. Hasta octubre de 2025, ya operaban 102,329 puntos de acceso gratuito, 4,907 torres de telecomunicaciones y 21,449 kilómetros de fibra óptica a nivel nacional.

Los datos de penetración revelan avances pero también brechas persistentes. Según la ENDUTIH 2025, México alcanzó 104.9 millones de usuarios de internet (86.1% de la población de seis años o más), el nivel más alto registrado. En zonas rurales, la cobertura pasó de 68.5% a 75.2% en un año, aunque el 25% de comunidades rurales aún carece de acceso adecuado. Sin embargo, expertos advierten que la conectividad es condición necesaria pero insuficiente: solo el 44.7% de los hogares posee computadora, mientras que el 97.3% accede mediante smartphones, limitando capacidades productivas. El fortalecimiento de habilidades digitales y acceso a dispositivos de mayor capacidad computacional emergen como desafíos críticos paralelos a la expansión de infraestructura.

Este despliegue se inscribe en el Plan Nacional de Conectividad, que posiciona la infraestructura digital como bien público estratégico para garantizar derechos, dinamizar desarrollo económico e impulsar inclusión digital. La transición hacia modelos autosustentables de financiamiento sugiere una reconfiguración de cómo los estados latinoamericanos abordan la provisión de servicios digitales básicos, combinando objetivos de cobertura universal con viabilidad financiera de largo plazo.