Infraestructura de telecomunicaciones aérea en ciudades latinoamericanas: por qué el retiro de cables es solo el primer paso

Después de remover miles de kilómetros de cableado obsoleto, el verdadero desafío es la transición hacia redes subterráneas

Postes urbanos en grandes ciudades latinoamericanas albergan una acumulación de infraestructura de telecomunicaciones que ha crecido sin regulación clara durante décadas. En la Ciudad de México, este fenómeno ha alcanzado proporciones críticas: aproximadamente 14,000 kilómetros de cableado (eléctrico y de telecomunicaciones) saturan la red aérea, generando riesgos estructurales, operacionales y…

Postes urbanos en grandes ciudades latinoamericanas albergan una acumulación de infraestructura de telecomunicaciones que ha crecido sin regulación clara durante décadas. En la Ciudad de México, este fenómeno ha alcanzado proporciones críticas: aproximadamente 14,000 kilómetros de cableado (eléctrico y de telecomunicaciones) saturan la red aérea, generando riesgos estructurales, operacionales y de seguridad pública que trascienden lo meramente estético.

La remoción de cableado inoperante representa un avance tangible pero limitado. Entre 2022 y la actualidad, operadores de telecomunicaciones han retirado 1,983 kilómetros de cables obsoletos en la capital mexicana, equivalentes a 52 toneladas de material, mediante 12,433 intervenciones en diferentes zonas. Sin embargo, este esfuerzo de limpieza afronta un dilema regulatorio fundamental: mientras que desmantelar infraestructura fuera de servicio es relativamente directo, el soterramiento de redes activas requiere marcos legales, inversión significativa y coordinación entre múltiples actores públicos y privados. El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México documentó 588 emergencias relacionadas con cableado durante el último año, mientras que más de 100 postes han sufrido daños estructurales por sobrecarga de peso acumulado.

Desde una perspectiva de política regulatoria, el desafío expone una brecha entre la velocidad de expansión de servicios de telecomunicaciones y la capacidad institucional para ordenar la infraestructura. Legisladores han propuesto normas oficiales mexicanas que establezcan plazos para el retiro de cableado inoperante y sanciones para incumplimiento, mientras que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aún evalúa el alcance de su competencia en esta materia. La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información ha señalado que el soterramiento será viable principalmente en nuevos desarrollos urbanos, donde la coordinación entre autoridades y operadores puede planificarse desde el origen, en lugar de intentar reorganizar infraestructura heredada en zonas consolidadas.

Más allá de la capital mexicana, este patrón refleja un problema estructural en ciudades de mercados emergentes: la falta de regulación preventiva durante ciclos de crecimiento tecnológico genera pasivos de infraestructura que son costosos de resolver retroactivamente. Ciudades en Brasil, Colombia y otros países latinoamericanos enfrentan desafíos similares. La transición hacia redes subterráneas no es solo una cuestión de ingeniería, sino de gobernanza regulatoria, financiamiento compartido y capacidad institucional para ejecutar proyectos de largo plazo. Sin marcos claros que definan responsabilidades, costos y cronogramas, la acumulación de infraestructura aérea seguirá siendo un riesgo creciente para la seguridad pública y la calidad del espacio urbano.