Fiscalía argentina apela el cierre de investigación sobre préstamo soberano de 57.000 millones de dólares
Cinco años de acumulación de documentación oficial e informes de auditoría no fueron suficientes para sostener abierta una causa judicial en Argentina: la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti archivó el expediente en febrero, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en delitos como malversación de caudales públicos o abuso de autoridad. La Sala 1 de la Cámara Federal respaldó esa decisión, concluyendo que las posibles infracciones administrativas detectadas no demostraban la intención delictiva requerida para configurar abuso de autoridad. Ahora, el fiscal José Luis Agüero Iturbe ha presentado un recurso ante la Casación Penal para revertir ese cierre.
Agüero Iturbe argumenta que el archivo prematuro vulnera el principio acusatorio y contraviene el artículo 193 del Código Procesal Penal Nacional, que exige agotar las investigaciones pertinentes antes de adoptar una decisión definitiva. En su recurso, el fiscal señala que aún no se ha rastreado con precisión el destino de los fondos del préstamo stand-by —originalmente pactado en 50.000 millones de dólares y ampliado a 57.100 millones— ni se ha identificado a los beneficiarios privados que habrían obtenido divisas en el marco de la operación. La denuncia original involucra a figuras del gobierno que negoció el acuerdo en 2018, entre ellos el expresidente Mauricio Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y dos funcionarios que integran el gabinete actual: el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde una perspectiva de gobernanza corporativa y riesgo soberano, el caso ilustra una tensión recurrente en economías emergentes: la dificultad de establecer responsabilidades penales cuando las decisiones de política económica —por definición discrecionales— generan efectos patrimoniales adversos para el Estado. El fiscal también invoca los compromisos internacionales de Argentina en materia de lucha contra la corrupción, que obligan a investigar activos de posible origen ilícito. Para estrategas e inversores que monitorean el riesgo político en la región, el desenlace de este recurso ante la Casación Penal podría sentar precedente sobre los límites de la responsabilidad penal de funcionarios en operaciones de deuda soberana de gran escala.
