Informalidad laboral y brecha tributaria: el reto estructural que frena a América Latina
Perú enfrenta uno de los diagnósticos más reveladores sobre las contradicciones del desarrollo latinoamericano: un entorno macroeconómico y fiscal considerado sólido coexiste con una tasa de informalidad laboral superior al 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), cifra que supera por amplio margen el promedio regional del 50%. Este dato, presentado por el ministro de Economía y Finanzas Elmer Cuba, ilustra una paradoja que no es exclusiva de Perú: el crecimiento económico agregado no garantiza la formalización del mercado laboral ni la ampliación de la base tributaria.
Para atender estos frentes, el gobierno peruano ha conformado un equipo de Comisionados de Alto Nivel con un mandato de nueve meses para generar recomendaciones en cuatro ejes: formalización laboral, acceso al financiamiento productivo, gestión eficiente de la inversión pública y cumplimiento tributario. Este último punto es particularmente crítico: las autoridades reconocen que una proporción significativa de contribuyentes con capacidad de pago no está cumpliendo sus obligaciones fiscales, lo que comprime el espacio fiscal disponible para políticas sociales e infraestructura. Según estimaciones del FMI, la brecha tributaria en América Latina equivale a entre 4% y 6% del PIB en promedio, un margen que representa billones de dólares en recursos no capturados.
Desde la perspectiva de estrategas corporativos e inversores regionales, el caso peruano ofrece señales relevantes. La inversión pública del país equivale a casi tres veces el promedio latinoamericano, pero la tasa de proyectos inconclusos o que no alcanzan a sus beneficiarios finales erosiona el retorno social de ese gasto. Este fenómeno —alto volumen de inversión con baja eficiencia de ejecución— es un patrón documentado por el Banco Mundial en múltiples economías emergentes y representa tanto un riesgo para la estabilidad fiscal como una oportunidad para modelos de gestión público-privada. Para México y otros mercados de la región, las reformas que Perú diseñe en los próximos meses podrían convertirse en referencia metodológica sobre cómo abordar la informalidad sin sacrificar competitividad empresarial ni carga regulatoria excesiva.
