Alertas por baja ejecución física en programas de sustitución de cultivos y renovación territorial
Señales de alerta en la gestión de recursos públicos destinados a programas de paz territorial encendieron las alarmas del gobierno colombiano, que ordenó una revisión exhaustiva de contratos y ejecución presupuestal en dos entidades clave: la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. La medida surge tras identificar discrepancias significativas entre los montos comprometidos y los avances físicos reportados en diversas regiones del país.
Según datos oficiales presentados por la dirección de la ART, el 91% del presupuesto de inversión asignado para 2026 —equivalente a $68.309 millones— ya está comprometido contractualmente, pero solo el 18% ha sido efectivamente pagado. Más preocupante aún: 92 proyectos registran avances físicos inferiores al 30%. En una escala mayor, los $2,9 billones asignados entre 2022 y 2026 a ambas entidades presentan una ejecución física total que no supera el 40%. El programa Renacemos, con $1,3 billones destinados, reporta apenas un 20% de avance, mientras que los convenios con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), por más de $760.000 millones, muestran una ejecución inferior al 30%.
Entre las irregularidades detectadas destacan 13 contratos firmados desde 2024 mediante contratación directa con organizaciones comunitarias, por cerca de $4.600 millones, con ejecución física del 0%; 19 convenios y contratos interadministrativos sin liquidar pese a haber sido suscritos entre 2022 y 2025; posibles duplicidades en gastos de transporte y arrendamiento en 16 subregiones; y contratos de vehículos con conductor en zonas donde no hay proyectos activos. Las autoridades anunciaron una revisión proyecto por proyecto, contrato por contrato y territorio por territorio, en lo que representa uno de los ejercicios de auditoría interna más amplios en la historia reciente de la política de paz territorial colombiana.
