Pobreza estructural y mercado laboral débil: señales de alerta para la política social
Aproximadamente 1.9 millones de personas se sumaron a la población en situación de pobreza durante el primer semestre, elevando la tasa al 32.3% del total —equivalente a 15 millones de individuos—, mientras que la indigencia alcanzó al 7.5%, es decir, cerca de 3.5 millones de personas que no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas. El deterioro es significativo respecto al año anterior y responde a una convergencia de factores estructurales que van más allá de la coyuntura: debilidad del mercado laboral, erosión del poder adquisitivo y una reversión en la dinámica de precios relativos que había favorecido a los sectores más vulnerables entre 2022 y 2023.
Un análisis de la consultora Equilibra, que corrige por subdeclaración de ingresos y aplica canastas actualizadas, sitúa la incidencia real de pobreza cerca del 45% de la población, con un incremento de 1.4 puntos porcentuales respecto al año anterior. El Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) añade otra dimensión crítica: sin transferencias sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar, la pobreza podría trepar al 35.3% y la indigencia al 12%, lo que evidencia la fragilidad del piso de protección social vigente. Entre los factores que explican el retroceso destacan la caída desestacionalizada del PIB en el segundo trimestre, la pérdida de empleos formales, el crecimiento de la informalidad y la reversión de precios relativos: la Canasta Básica Alimentaria creció 21.6% y la Canasta Básica Total 19.8%, frente a una inflación general de 16.8%, comprimiendo aún más el margen de los hogares más expuestos.
Para los estrategas corporativos e inversores, el dato más revelador proviene de la consultora LCG: el ingreso familiar promedio de los hogares en pobreza cubre apenas el 64.1% de la Canasta Básica Total, con una brecha mensual por hogar que supera los 569,000 pesos a precios de agosto. Esto no solo describe un problema social, sino una señal de contracción sostenida de la demanda interna en los segmentos de menor ingreso, con efectos directos sobre sectores como consumo masivo, retail y servicios básicos. Las proyecciones para el segundo semestre apuntan a cierta estabilización de los indicadores, pero los fundamentos —empleo informal creciente, salarios reales en retroceso y transferencias sociales que pierden poder adquisitivo— sugieren que la recuperación, de producirse, será lenta y desigual. Para los tomadores de decisiones, tanto en el sector público como en el privado, el desafío es diseñar estrategias que operen en un entorno de demanda deprimida y creciente vulnerabilidad estructural.
