Secreto fiscal levantado en investigación por enriquecimiento ilícito de funcionario público
Investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos vuelven a poner en el centro del debate la transparencia patrimonial en el Estado argentino. Un juez federal dispuso ampliar el levantamiento del secreto fiscal del portavoz presidencial Manuel Adorni, extendiendo el período bajo escrutinio desde 1998 hasta 2011, es decir, desde el inicio de su vida laboral activa hasta el arranque formal de la investigación en su contra. La medida también alcanza a su esposa para un período similar, y fue impulsada por la fiscalía con el objetivo de reconstruir el origen del patrimonio del matrimonio desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad.
Entre los elementos más novedosos del expediente figura la verificación criptográfica de ocho direcciones de bitcoin que, según la defensa, habrían sido operadas entre octubre de 2014 y septiembre de 2018. La liquidación de esas tenencias podría haber generado aproximadamente 591,000 dólares, cifra que la defensa presenta como origen de los 565,000 dólares declarados en efectivo bajo el concepto de 'venta de activos'. Para corroborar esta explicación, el juez autorizó una diligencia técnica en la que el defensor deberá presentarse con un perito de parte y acceder a las billeteras digitales mediante software especializado, bajo grabación y con custodia exclusiva de las claves privadas por parte de la defensa. Personal técnico de la Policía Federal realizará luego la verificación criptográfica de las firmas correspondientes.
Paralelamente, la fiscalía solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero información sobre operaciones cambiarias y declaraciones de activos, mientras que a la ANSES requirió el historial laboral completo de ambos integrantes del matrimonio, incluyendo aportes, remuneraciones, empleadores y actividades autónomas. También se pidió a los registros de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires datos sobre inmuebles que pudieran haber estado a nombre de la pareja. El caso ilustra cómo las causas por enriquecimiento ilícito en Argentina incorporan cada vez más herramientas de análisis forense digital y tributario para reconstruir trayectorias patrimoniales de largo plazo, una tendencia que los organismos de control y los sistemas judiciales de la región están adoptando de manera creciente.
