Juez que revisa el pedido de enjuiciar a Roberto Sánchez registra antecedentes por acoso sexual y dormir en su despacho
Juez a cargo del caso de Roberto Sánchez enfrenta graves acusaciones de acoso y abuso de autoridad
El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, responsable del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, se encuentra en el centro de una controversia debido a un historial marcado por serias acusaciones, que incluyen presunto acoso sexual y abuso de autoridad. Su papel es crucial, ya que evalúa la solicitud de la Fiscalía para que el político Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, enfrente un juicio oral por supuestas irregularidades en la presentación de información de financiamiento partidario entre 2018 y 2020.
La situación del magistrado ha llevado al Poder Judicial a solicitar su destitución en 2024, tras la apertura de expedientes disciplinarios que abordan múltiples faltas. Entre estas se encuentran el haber sido sorprendido dormido en su despacho y conductas de acoso hacia un miembro del personal judicial. La Junta Nacional de Justicia inició un procedimiento disciplinario abreviado el 8 de abril de 2024, en el que se le imputan estos cargos y se le acusa de utilizar su posición para obtener favores personales, como la compra de alimentos y medicinas.
A pesar de estos antecedentes, Farfán Calderón fue reincorporado al Poder Judicial en mayo de 2025, tras ser absuelto por la Junta Nacional de Justicia. En declaraciones recientes, el magistrado sostuvo que no fue notificado oficialmente sobre una denuncia de coima que lo involucraba a él y a su equipo, la cual fue archivada por falta de pruebas. Actualmente, se encuentra evaluando la solicitud de la Fiscalía que busca imponer una pena de cinco años y cuatro meses de prisión a Roberto Sánchez por un supuesto desvío de fondos de financiamiento electoral hacia cuentas personales.
En la primera audiencia del caso, que se llevó a cabo de manera telemática, Farfán Calderón indicó que aún no se había instalado la vista del pedido fiscal, ya que debía resolver varios recursos presentados por los implicados. Además, destacó que la principal acusación contra Sánchez por fraude en la administración de persona jurídica fue archivada en septiembre del año pasado. La próxima revisión del caso está programada para el 4 de junio, donde se abordarán otros pedidos de las defensas antes de decidir sobre el inicio del juicio.
