El control público del agua y la energía en el centro de la agenda de Burnham, dicen fuentes
Un proyecto de una década para poner el agua y la energía bajo control público estará en el centro de la agenda de Andy Burnham si se convierte en primer ministro, según fuentes cercanas al alcalde de Greater Manchester.
Varios aliados cercanos a Burnham han dicho que quiere hacerse cargo de amplios sectores de los servicios públicos del Reino Unido en un esfuerzo por mejorar el rendimiento y potencialmente reducir las tarifas para los consumidores.
El movimiento constituiría una de las transferencias de propiedad más grandes de la industria británica desde las privatizaciones de los años 80, pero también podría dejar al público con la responsabilidad de miles de millones de libras en mejoras de infraestructura y costos operativos.
Un aliado de Burnham dijo: “Cuando Andy dice que quiere que el público tenga control sobre 'lo esencial de la vida', debemos creerle. Él es completamente serio.”
El propio Burnham ha dicho que quiere ver “lo esencial de la vida funcionando principalmente para el interés público, no para los intereses privados”, pero no ha especificado exactamente qué significaría eso a nivel nacional.
Una portavoz de Burnham no quiso comentar más sobre sus planes políticos.
Con los líderes laboristas cada vez más confiados en la victoria en la próxima elección parcial de Makerfield, altos aliados de Burnham están comenzando a dirigir su atención hacia la manera de convertir su visión política en políticas concretas.
Mientras el alcalde de Manchester pasa su tiempo tocando puertas en la cuenta atrás para el día de las elecciones, un pequeño grupo de personas cercanas a él ha estado recopilando ideas para el gobierno.
Esos que aportan ideas incluyen a Josh Simons, el diputado saliente de Makerfield, y Miatta Fahnbulleh, la exministra de energía. Ninguno de los dos quiso comentar, aunque amigos de Fahnbulleh han dicho que ella está desarrollando su propio planteamiento de políticas que Burnham podría utilizar en lugar de hacerlas en su nombre.
Otros colaboradores incluyen a John Wrathmell, exjefe de políticas económicas del Partido Laborista que ahora trabaja con Burnham en la autoridad municipal, JP Spencer, el experto en descentralización en el think tank ThinkLabour, y Tom Whitney, un asesor del secretario de transporte, Heidi Alexander.
En el centro de la agenda, según quienes han sido informados, hay una propuesta para devolver los servicios públicos al control estatal, comenzando con Thames Water, que enfrenta dificultades.
Burnham dijo al Guardian la semana pasada: “La propiedad pública es absolutamente una opción. Diría que para Thames Water, eso es lo que debería hacerse.”
Sus aliados quieren que el gobierno ponga a la empresa en administración especial en lugar de aceptar un acuerdo ofrecido por los acreedores que cancelaría hasta £1 mil millones en multas ambientales.
Dijeron que el gobierno podría hacerse cargo de la empresa, aunque a un costo para los contribuyentes dado que es probable que los administradores insistan en que los acreedores obtengan alguna compensación.
El gobierno ha argumentado que tal acción costaría £100 mil millones, pero algunos expertos legales han dicho que podría hacerse de manera mucho más económica si los administradores aceptan que los acreedores reciban lo que les corresponde.
