Respuesta policial inadecuada en caso de femicidio reaviva debate sobre protocolos de emergencia

Seis horas separaron la llamada de emergencia que reportaba a una mujer siendo golpeada y el momento en que la policía de Nueva Gales del Sur encontró su cuerpo sin vida. Ese intervalo, y lo que ocurrió durante él, es ahora el centro de un informe oficial que cuestiona los estándares mínimos de respuesta policial ante llamadas de violencia contra la mujer.

Según el reporte de la Comisión de Conducta de las Fuerzas del Orden (Lecc, por sus siglas en inglés), dos oficiales acudieron al lugar reportado aproximadamente 45 minutos después de la primera transmisión de radio, pero ninguno salió de su vehículo para inspeccionar el área. En menos de cuatro minutos, ambos informaron no haber visto nada y se retiraron. El cuerpo de Lindy Lucena, de 64 años, fue encontrado horas después a metros de donde los patrulleros habían circulado. La comisión determinó que esta conducta representó una respuesta policial inadecuada, aunque no constituyó una falta grave ni un delito. El informe también identificó fallas sistémicas: la primera transmisión del caso se realizó siete minutos después del tiempo reglamentario, y las retransmisiones no cumplieron con el intervalo de 60 segundos establecido en los protocolos internos.

Más allá del caso individual, el informe de la Lecc abre una discusión de fondo sobre los criterios con los que los cuerpos policiales priorizan y atienden llamadas de violencia doméstica o de género. La comisionada Anina Johnson reconoció que 'cualquier llamado puede significar la diferencia entre la vida y la muerte', pero admitió que para los oficiales en campo no siempre es evidente cuál será ese caso. Esta tensión entre la presión operativa cotidiana y la gravedad potencial de cada intervención es precisamente el nudo que los sistemas de despacho y los protocolos de respuesta deben resolver con mayor precisión. Entre las recomendaciones urgentes del organismo figuran una revisión integral de las operaciones de las salas de radio y una actualización de los lineamientos para declarar incidentes críticos, medidas que apuntan a reducir la discrecionalidad informal que, en este caso, tuvo consecuencias irreversibles. La pareja de Lucena, Robert Huber, fue condenado por homicidio culposo y sentenciado a casi 13 años de prisión.