Acuerdo migratorio Reino Unido-Francia autoriza tácticas de control de disturbios contra solicitantes de asilo

Bajo un acuerdo bilateral valorado en 660 millones de libras esterlinas, la policía antidisturbios francesa desplegada en el norte de Francia cuenta con autorización para emplear cañones de agua, gas CS y porras contra solicitantes de asilo y redes de tráfico de personas que intentan cruzar el Canal de la Mancha. Dos unidades especializadas —incluyendo un escuadrón de las Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) compuesto por 50 oficiales y una Compagnie de Marche de 75 elementos— comenzaron operaciones en playas francesas con el objetivo de frenar las travesías en embarcaciones pequeñas antes del pico estacional de verano.

El despliegue fue anunciado por el primer ministro británico Keir Starmer durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, quien lo calificó como parte de un 'acuerdo histórico' entre ambos países. Sin embargo, la medida ha generado un debate de fondo sobre los límites éticos y legales del control migratorio financiado por terceros: el uso de cañones de agua está prohibido en Gran Bretaña —salvo en Irlanda del Norte— por considerarse incompatible con el principio de 'policía por consentimiento'. Steve Smith, director ejecutivo de Care4Calais, calificó la posibilidad de su uso como 'una escalada repugnante en la violencia estatal contra los refugiados', señalando que financiar este tipo de tácticas en territorio francés representa una contradicción normativa y moral para el gobierno británico.

Más allá del debate inmediato, el caso ilustra una tendencia creciente en la gestión migratoria europea: la externalización del control fronterizo mediante acuerdos financieros con países vecinos, una estrategia que traslada la responsabilidad operativa —y los riesgos reputacionales— fuera del territorio nacional. La CRS, fuerza con antecedentes documentados de denuncias por brutalidad —nueve de sus oficiales fueron condenados en 2025 por golpear a manifestantes pacíficos durante las protestas de los 'gilets jaunes' en 2018—, queda así en el centro de una política pública cuya legitimidad será evaluada tanto por organismos de derechos humanos como por los propios electorados de ambos países. Para los estrategas de política pública y los líderes corporativos con operaciones en la región, el acuerdo Reino Unido-Francia señala un modelo de gobernanza transfronteriza que probablemente se replique —y se cuestione— en otros contextos europeos durante los próximos años.