Cañones de agua y control de fronteras: el debate sobre los límites del orden público migratorio
Unidades especializadas de la policía antidisturbios francesa desplegadas en el norte de Francia, en el marco de un acuerdo bilateral con el Reino Unido valorado en 660 millones de libras esterlinas, están autorizadas a emplear cañones de agua, gas CS y porras contra solicitantes de asilo que intenten cruzar el Canal de la Mancha en embarcaciones pequeñas. El anuncio fue realizado por el primer ministro británico Keir Starmer durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, donde describió el despliegue de las Compagnies Républicaines de Sécurité (CRS) como un elemento central de la colaboración bilateral en materia migratoria.
El acuerdo contempla, además del despliegue de un escuadrón de 50 agentes antidisturbios y 75 efectivos de la Compagnie de Marche en playas francesas, la construcción de un centro de detención, la expansión de tácticas marítimas para interceptar embarcaciones en aguas poco profundas y un incremento del 40% en el número de oficiales desplegados en la costa norte de Francia. Según Downing Street, el 40% de los intentos de cruce registrados en mayo fueron detenidos gracias al aumento de operaciones conjuntas de seguridad. No obstante, 2,726 personas lograron cruzar a Gran Bretaña ese mismo mes, aproximadamente 1,000 menos que en el mismo período del año anterior, lo que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio pese al endurecimiento operativo.
El uso de cañones de agua está prohibido en Gran Bretaña desde 2015, cuando la entonces secretaria del Interior, Theresa May, los descartó por su "capacidad de causar daño". Su posible aplicación en suelo francés bajo financiamiento británico ha generado un debate ético y político de fondo: organizaciones como Care4Calais califican la medida de "violencia de Estado" e inhumana, mientras que el Ministerio del Interior británico sostiene que las tácticas de orden público son competencia exclusiva de las autoridades francesas. La CRS, por su parte, acumula antecedentes de controversia: en febrero pasado, nueve de sus agentes fueron declarados culpables de agredir a manifestantes pacíficos durante las protestas de los "chalecos amarillos" en 2018. Para los estrategas de seguridad pública y los analistas de política migratoria, este caso ilustra una tensión estructural creciente entre la externalización del control fronterizo y los estándares de derechos humanos aplicables a las poblaciones en tránsito.
