La justicia condena a aseguradora por rechazar cobertura de robo automotor y conducta evasiva

Tribunales de Mar del Plata dictaron una sentencia que obliga a una aseguradora a pagar más de 12.6 millones de pesos, más una multa civil equivalente a cinco canastas básicas, por negarse a cubrir el robo de un vehículo denunciado en diciembre de 2023. El fallo, analizado por Entorno, sienta un precedente relevante sobre las obligaciones contractuales y el deber de información que las compañías aseguradoras tienen frente a sus clientes.

El caso involucra el robo de un Peugeot 207 durante un asalto en la vía pública: la asegurada fue interceptada por dos individuos en motocicleta al ingresar a su domicilio, quienes le sustrajeron las llaves, el teléfono y el vehículo. La póliza contratada cubría el automóvil por más de cinco millones de pesos e incluía una cláusula de ajuste automático del 20%. Sin embargo, la aseguradora ofreció una indemnización que la reclamante consideró insuficiente frente al valor actualizado del bien, lo que derivó en una demanda civil por daños y perjuicios. Durante el proceso judicial, la compañía reconoció la existencia del contrato pero cuestionó la veracidad del robo, impugnó la documentación presentada y alegó que no se había entregado el 'certificado de no hallazgo' del vehículo, entre otros argumentos administrativos.

La jueza a cargo del caso determinó que el robo estaba debidamente acreditado mediante denuncias policiales y correspondencia entre las partes, y que la aseguradora no aportó pruebas que desvirtuaran los hechos. El fallo subrayó que la relación contractual está regulada por la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, y que los seguros automotrices, al ser contratos de adhesión, deben interpretarse a favor del consumidor. La resolución concluyó que la compañía dilató de forma improcedente la resolución del reclamo, incumplió su deber de buena fe e información, y emitió respuestas calificadas como 'evasivas y repetitivas', incluso solicitando documentos que ya obraban en su poder. La suma indemnizatoria fue actualizada al valor de reposición de un vehículo similar al momento de la pericia —9.81 millones de pesos—, a la que se sumaron 1.2 millones por daños adicionales, consolidando una señal clara para el sector: la dilación y la falta de transparencia en la gestión de siniestros tiene costos judiciales y reputacionales concretos.