Informalidad laboral en el trabajo doméstico: una deuda social pendiente en México
Solo el 2.5% de las 2.3 millones de trabajadoras del hogar en México cuenta con acceso a seguridad social, evidenciando una brecha estructural que persiste pese a reformas legales recientes.
Apenas 57 mil 564 de los 2.3 millones de trabajadores domésticos en México están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que representa el 2.5% del total del sector. En la Ciudad de México, la cifra es aún más reducida: solo 10 mil 877 personas registradas. Estos datos, presentados durante el conversatorio de la campaña "Hacia una nueva cultura en el trabajo del hogar", revelan una brecha de protección laboral que persiste a pesar de la modificación a la Ley Federal del Trabajo aprobada en 2019, reforma que buscaba precisamente ampliar el acceso a derechos laborales básicos para este segmento de la fuerza de trabajo.
Marcelina Bautista, fundadora y directora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (Caceh), señaló que las demandas del sector van más allá de la seguridad social: 98 de cada 100 trabajadoras domésticas operan sin contrato escrito, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad jurídica y económica. Entre las exigencias documentadas se encuentran salarios justos, tiempos de descanso garantizados, entornos laborales libres de violencia, reconocimiento profesional y condiciones de igualdad y no discriminación. Para los estrategas de política pública y líderes empresariales, este diagnóstico apunta a un mercado laboral con fallas sistémicas de formalización que afectan la productividad, la movilidad social y la cohesión económica del país.
Entorno ha dado seguimiento a esta problemática como parte de su cobertura sobre inclusión laboral y justicia social en México. El sector del trabajo doméstico está conformado mayoritariamente por mujeres provenientes de comunidades indígenas, migrantes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, quienes enfrentan formas superpuestas de discriminación: racismo, clasismo y exclusión institucional. Desde una perspectiva de largo plazo, la formalización de este sector no solo representa una obligación ética, sino también una oportunidad económica: integrar a más de dos millones de trabajadoras al sistema formal ampliaría la base contributiva del IMSS, reduciría la pobreza laboral femenina y fortalecería el consumo interno. El reto para la próxima década es traducir el marco legal existente en mecanismos de cumplimiento efectivos.
