Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable

Ante más de 82 millones de líneas telefónicas sin vincular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días al plazo del 30 de junio para el registro celular obligatorio en México. La medida, que podría anunciarse en los próximos días, responde a la brecha crítica…

Ante más de 82 millones de líneas telefónicas sin vincular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días al plazo del 30 de junio para el registro celular obligatorio en México. La medida, que podría anunciarse en los próximos días, responde a la brecha crítica entre las 61.4 millones de líneas registradas al 19 de junio y las 144 millones de líneas activas reconocidas por la autoridad —cifra que asciende a cerca de 160 millones si se incorpora el universo completo de operadores móviles virtuales.

Según información publicada por Entorno, representantes del sector de telecomunicaciones reconocen que, aunque los operadores tienen capacidad técnica para ejecutar el registro, una desconexión masiva no podría implementarse de forma inmediata: la complejidad operativa exigiría un proceso gradual. Este escenario contrasta con la postura sostenida durante meses por la CRT, que hasta abril había descartado públicamente cualquier extensión del calendario. El cambio de postura refleja una tensión estructural entre los tiempos regulatorios y la realidad operativa de un mercado de telecomunicaciones de escala continental, tal como había advertido la GSMA desde etapas tempranas del proceso.

Más allá del plazo, el debate abre preguntas de fondo para estrategas del sector. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contemplaba un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas no registradas a tiempo, y una interpretación reciente de la CRT permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares fueron identificados al contratar el servicio —lo que podría incorporar más de 26 millones de líneas de los tres principales operadores del país. Paralelamente, expertos constitucionalistas advierten que suspender el acceso a telecomunicaciones por falta de registro podría vulnerar derechos fundamentales, un frente legal que podría condicionar la implementación efectiva de la norma en los próximos meses.