Tarifas de transporte público en alza: señal de una modernización pendiente en movilidad urbana

El incremento de tres pesos en Morelos evidencia el rezago tarifario acumulado y la presión estructural sobre los sistemas de movilidad colectiva en México

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo, que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje, tres pesos más que la tarifa vigente de 10 pesos, establecida desde 2021. La medida fue publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad e incluye un paquete de obligaciones de modernización, seguridad vial, accesibilidad y transformación tecnológica para los concesionarios del sistema estatal.

Detrás del ajuste tarifario hay una acumulación de presiones estructurales que el sector ha absorbido durante cinco años sin actualización de ingresos. El decreto señala el encarecimiento de combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, seguros y servicios tecnológicos, además del impacto de los incrementos al salario mínimo y la inflación acumulada entre 2022 y 2026 sobre la estructura financiera de los operadores. La Coordinación General de Movilidad y Transporte advirtió que sin este ajuste se habría comprometido la sostenibilidad económica del sistema y su capacidad para cumplir estándares mínimos de operación. Aunque los transportistas solicitaron una tarifa de 15 pesos, el análisis gubernamental determinó que esa cifra no era viable socialmente para las familias morelenses que dependen del transporte colectivo como medio principal de desplazamiento.

El acuerdo incorpora un esquema de tarifas diferenciadas que refleja una lógica de equidad en el acceso a la movilidad. Los concesionarios deberán garantizar exención total para menores de tres años y personas con discapacidad, descuento del 50% para adultos mayores, y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades estarán obligadas a exhibir de forma visible tanto la tarifa autorizada como los descuentos aplicables. Este modelo de ajuste gradual con protecciones sociales incorporadas apunta a un patrón que otras entidades del país deberán considerar: la actualización tarifaria no puede desvincularse de criterios de accesibilidad si se busca mantener la legitimidad y el uso del transporte público frente a opciones privadas de movilidad.