Tarifas del transporte público en Morelos suben a 13 pesos: qué implica para usuarios y operadores

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje en las rutas que operan dentro de la entidad, según lo publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad. El ajuste representa un aumento de tres pesos sobre la tarifa vigente de 10 pesos, que se mantenía sin cambios desde 2021.

La Coordinación General de Movilidad y Transporte justificó la medida en el encarecimiento acumulado de insumos críticos para la operación del servicio: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, mantenimiento, seguros, contribuciones fiscales y servicios tecnológicos. A estos factores se suman los incrementos al salario mínimo y la inflación registrada entre 2022 y 2026, que han presionado la estructura financiera de los concesionarios. El decreto advierte que la ausencia de un ajuste tarifario habría comprometido la sostenibilidad del sistema y su capacidad para cumplir estándares de seguridad vial y modernización tecnológica. Aunque el sector solicitó una tarifa mínima de 15 pesos, las autoridades determinaron que esa propuesta no era viable desde el punto de vista social, dado el peso que representa el transporte colectivo en la economía familiar de los morelenses.

El acuerdo incorpora disposiciones de equidad para grupos prioritarios. Los concesionarios deberán garantizar la exención total del pago para niños menores de tres años y personas con discapacidad, además de un descuento del 50 por ciento para adultos mayores y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades estarán obligadas a exhibir de forma visible la nueva tarifa y los beneficios aplicables. Para los estrategas del sector movilidad urbana y los gobiernos estatales, este caso ilustra la tensión estructural entre sostenibilidad financiera del transporte concesionado, presión inflacionaria y protección al ingreso de los usuarios, un equilibrio que seguirá siendo central en la agenda de política pública durante los próximos años.