Crisis financiera en el sistema de salud público de Bogotá: deuda de EPS supera los $417.000 millones
Cinco solicitudes de intervención ante la Superintendencia Nacional de Salud en menos de tres años revelan la magnitud de una crisis financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema hospitalario público de Bogotá. La deuda acumulada de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de…
Cinco solicitudes de intervención ante la Superintendencia Nacional de Salud en menos de tres años revelan la magnitud de una crisis financiera que amenaza la sostenibilidad del sistema hospitalario público de Bogotá. La deuda acumulada de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital colombiana alcanzó los $417.189 millones a abril de 2026, según datos de la Secretaría Distrital de Salud. El incremento representa un 142% respecto al saldo registrado en 2023, cuando la cartera total ascendía a $172.475 millones.
La progresión de la deuda sigue una curva sostenida: $220.518 millones en 2024, $349.385 millones en 2025 y $417.189 millones en el primer cuatrimestre de 2026. Este comportamiento descarta la hipótesis de un rezago administrativo temporal y apunta a una disfunción estructural en los mecanismos de pago entre aseguradores y prestadores públicos. El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, advirtió públicamente que los pagos recibidos por las subredes no alcanzan el 30% de lo facturado, lo que compromete directamente la liquidez operativa de los hospitales y su capacidad para sostener servicios de urgencias, hospitalización y atención de mediana y alta complejidad. Entre las entidades con mayores incrementos destaca Nueva EPS, con un aumento del 282% en su cartera entre 2023 y abril de 2026, seguida por Famisanar, Proteger EPS, Capresoca, Dusakawi EPSI, Asmet Salud y Coosalud como las de mayor participación en el saldo pendiente.
Desde una perspectiva de gestión pública y política sectorial, el caso Bogotá anticipa tensiones que podrían replicarse en otras ciudades con alta concentración de red hospitalaria pública. La negativa de varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) a firmar acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones —evidenciada en las mesas de trabajo de mayo de 2026— sugiere que los mecanismos voluntarios de conciliación han alcanzado su límite de efectividad. Para los estrategas del sector salud y los tomadores de decisión en el ámbito distrital y nacional, el escenario plantea una pregunta central: ¿en qué punto la acumulación de cartera se convierte en un riesgo sistémico que requiere intervención regulatoria de mayor alcance? La respuesta definirá no solo la viabilidad financiera de las subredes bogotanas, sino el modelo de relacionamiento entre aseguradores públicos y privados con la red prestadora en Colombia.
