Deuda de EPS con hospitales públicos de Bogotá supera $417.000 millones y amenaza la sostenibilidad del sistema
La cartera acumulada creció 142% desde 2023; la Secretaría Distrital de Salud solicita por quinta vez la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud ante el deterioro financiero de las subredes hospitalarias.
Cinco solicitudes de intervención en menos de tres años revelan la magnitud de una crisis financiera que se ha vuelto estructural en el sistema de salud de Bogotá. La deuda acumulada de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital…
Cinco solicitudes de intervención en menos de tres años revelan la magnitud de una crisis financiera que se ha vuelto estructural en el sistema de salud de Bogotá. La deuda acumulada de diversas Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de la capital alcanzó $417.189 millones a abril de 2026, según datos de la Secretaría Distrital de Salud. El monto representa un incremento del 142% frente a los $172.475 millones registrados en 2023, una trayectoria que descarta cualquier lectura de rezago temporal: en 2024 la cifra ascendió a $220.518 millones y en 2025 llegó a $349.385 millones, configurando una acumulación progresiva que erosiona la liquidez de los hospitales públicos y su capacidad para sostener la operación asistencial.
El secretario Distrital de Salud, Gerson Bermont, ha advertido públicamente que los pagos recibidos de las EPS intervenidas no alcanzan el 30% de lo facturado, mientras la red pública continúa prestando servicios de urgencias, hospitalización y atención de mediana y alta complejidad a los usuarios afiliados a dichas entidades. Entre las aseguradoras con mayores incrementos en su cartera vencida destaca Nueva EPS, con un aumento del 282% entre 2023 y abril de 2026. Proteger EPS, Capresoca, Famisanar, Dusakawi EPSI, Asmet Salud y Coosalud también registran incrementos significativos, mientras que Nueva EPS y Famisanar concentran los mayores saldos absolutos pendientes de pago.
Desde Entorno, medio especializado en análisis del sector salud, se ha documentado que la situación se agravó adicionalmente en mayo de 2026, cuando varias Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) se negaron a firmar acuerdos de pago por la totalidad de sus obligaciones durante las mesas de trabajo convocadas por la Secretaría. Para los estrategas del sector y los tomadores de decisión en el ámbito de la salud pública, el escenario plantea una pregunta de fondo: si el mecanismo de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud no ha logrado revertir la tendencia tras cuatro solicitudes previas, la quinta petición evidencia que se requieren instrumentos de enforcement financiero de mayor alcance, o una revisión profunda del modelo de flujo de recursos entre aseguradores y prestadores públicos.
