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Informalidad laboral en Colombia: más del 55% de trabajadores sin acceso a pensión

El DANE confirma que la mitad de la fuerza laboral colombiana carece de seguridad social, con brechas críticas entre zonas rurales y urbanas, y entre géneros

Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan que el 55.1% de los trabajadores en Colombia opera fuera del sistema formal de empleo, lo que implica que más de la mitad de la fuerza laboral del país carece de acceso a seguridad social y a una pensión garantizada. El

Redaccion E30·25/6/2026
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Informalidad laboral en Colombia: más del 55% de trabajadores sin acceso a pensión

Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelan que el 55.1% de los trabajadores en Colombia opera fuera del sistema formal de empleo, lo que implica que más de la mitad de la fuerza laboral del país carece de acceso a seguridad social y a una pensión garantizada. El hallazgo, correspondiente al trimestre móvil de febrero a abril de 2026, sitúa a Colombia ante uno de sus retos estructurales más persistentes: la formalización del mercado laboral.

La radiografía regional que ofrece Entorno muestra disparidades significativas. En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la informalidad se ubicó en 41.2%, mientras que en centros poblados y zonas rurales dispersas la cifra escala hasta 83.0%, evidenciando una brecha profunda entre el campo y la ciudad. Las urbes con mayor incidencia son Sincelejo (66.8%), Cúcuta (62.6%) y Riohacha (61.2%), en contraste con Bogotá, que registra la tasa más baja del país con 34.3%. Por tamaño de empresa, el fenómeno es aún más pronunciado: el 84.6% de quienes trabajan en microempresas son informales, frente al 2.2% en grandes corporaciones.

Desde una perspectiva de género, los hombres presentan una tasa de informalidad de 57.6% y las mujeres de 51.6%, aunque ambos grupos muestran reducciones respecto al año anterior de 1.4 y 2.4 puntos porcentuales, respectivamente. Este contexto se enmarca en un momento de tensión política: el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23.7% en el salario mínimo, elevándolo a $2,000,000 mensuales, medida que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado ante la falta de justificación técnica suficiente. Para los estrategas corporativos y tomadores de decisiones en América Latina, estas cifras subrayan que la formalización laboral no es únicamente un imperativo social, sino una condición estructural para la sostenibilidad del crecimiento económico regional.

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