El caso de biometría de los conductores contra ULH se amplía a una acción colectiva.

El caso de biometría de los conductores contra ULH se amplía a una acción colectiva Una demanda presentada en 2021 por un conductor de camión en Illinois contra Universal Logistics ha sido reconocida con estatus de clase, lo que implica un desarrollo significativo en el ámbito legal relacionado con la…

El caso de biometría de los conductores contra ULH se amplía a una acción colectiva

Una demanda presentada en 2021 por un conductor de camión en Illinois contra Universal Logistics ha sido reconocida con estatus de clase, lo que implica un desarrollo significativo en el ámbito legal relacionado con la biometría en el trabajo. La legislación biométrica de Illinois es considerada una de las más estrictas del país, generando inquietudes en el sector empresarial sobre su impacto en las operaciones.

Este caso se une a otras litigaciones en el sector del transporte, como la que involucró a Lytx, una empresa de videovigilancia en vehículos, que resultó en compensaciones a miles de conductores que oscilaron entre $650 y $850 por persona. El demandante, Brandon Willis, quien trabajaba para Universal Intermodal Services, una subsidiaria de Universal Logistics, presentó su queja en el Tribunal de Distrito Federal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, alegando el uso de un escáner de huellas dactilares en las instalaciones de la empresa en Harvey, Illinois.

En un giro importante, la lista de demandados se amplió desde la demanda original para incluir a HR-1 LLC, una entidad vinculada a Matthew Moroun, quien posee aproximadamente el 70% de Universal, así como a Universal Management Services, Inc. y Data System Services, una compañía externa que brindaba servicios biométricos a Universal.

El núcleo de esta disputa radica en si Universal ha infringido las disposiciones de la Ley de Privacidad Biométrica de Illinois (BIPA), que fue promulgada en 2008 y modificada en 2024. La controversia tiene sus raíces en acciones que datan de más de una década.

La Jueza Elaine E. Bucklo se pronunció sobre la posibilidad de que la demanda de Willis se convirtiera en una acción colectiva, abarcando no solo a empleados de Universal, sino también a otros trabajadores que interactuaron con la empresa y que registraron su entrada en el sistema entre el 30 de marzo de 2016 y la actualidad. Aunque la decisión de la jueza se centró en el estatus de clase, también abordó elementos fundamentales de la demanda y las supuestas violaciones a la BIPA.

La BIPA establece que cualquier entidad que recopile información biométrica debe informar por escrito a las personas afectadas y obtener su consentimiento previo a la recopilación y retención de dichos datos. Willis argumenta que los demandados violaron directamente esta normativa, y que algunos de ellos podrían ser responsables de manera vicaria por las infracciones cometidas por otros.

En la demanda enmendada, Willis sostiene que los demandados "dirigieron, autorizaron y coordinaron la captura y recopilación de las huellas dactilares de los trabajadores y otras personas en las instalaciones de Illinois, exigiendo que usaran escáneres biométricos para registrar su entrada y salida a diario", todo esto "sin el consentimiento requerido de las personas escaneadas". Este caso no solo plantea importantes cuestiones legales, sino que también resalta la creciente preocupación por la privacidad y la protección de datos en el entorno laboral, un tema de relevancia crucial para los tomadores de decisiones en México y América Latina.