El registro de celulares en México guardaba un problema enorme: la mayoría de las deudas dependen del teléfono

El registro de celulares en México guarda un problema enorme: la mayoría de las deudas dependen del teléfono El registro obligatorio de líneas celulares en México ha generado inquietudes entre bancos, usuarios y aplicaciones digitales. Sin embargo, el desafío es mucho más profundo: una parte significativa de la cobranza financiera…

El registro de celulares en México guarda un problema enorme: la mayoría de las deudas dependen del teléfono

El registro obligatorio de líneas celulares en México ha generado inquietudes entre bancos, usuarios y aplicaciones digitales. Sin embargo, el desafío es mucho más profundo: una parte significativa de la cobranza financiera del país está intrínsecamente ligada al teléfono móvil.

Los despachos de cobranza han alertado que un posible "apagón telefónico" debido a líneas no registradas podría comprometer la recuperación de entre 8,500 y 28,600 millones de pesos en créditos. Esto se debe a que ocho de cada diez pesos adeudados se cobran a través de canales móviles, como llamadas, mensajes de texto y WhatsApp. Alan Ramírez, presidente de la Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB), enfatizó la gravedad de la situación: “No solo afecta a las empresas de cobranza; es un tema gremial, de salud del crédito en México. Estamos de acuerdo en que haya legitimidad y transparencia de todas las empresas que nos dedicamos a esto.”

El riesgo de un corte en la cadena de pagos es evidente. Hasta el 13 de junio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones reportaba 60.6 millones de líneas vinculadas de un total de 161 millones, lo que representa apenas un 38% del total. Con este avance, la APCOB ha elaborado tres escenarios para evaluar el impacto de una desconexión masiva. En el escenario moderado, la industria dejaría de recuperar aproximadamente 8,500 millones de pesos al año. En el escenario central, esa cifra ascendería a 16,800 millones, y en el más crítico, alcanzaría hasta 28,600 millones.

Es importante señalar que no todas las líneas no registradas perderían contacto de inmediato, ya que algunos usuarios podrían registrarse a tiempo y WhatsApp continuaría funcionando a través de WiFi. Sin embargo, el riesgo persiste: si el teléfono deja de estar activo, se rompe uno de los principales vínculos entre instituciones financieras, despachos y deudores.

El impacto sería especialmente severo para las fintech y los bancos digitales, dado que el 98% de los clientes de estas instituciones solo responden a través de WhatsApp.

La reciente prórroga anunciada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha modificado el calendario, pero no resuelve el problema subyacente. La CRT ha extendido el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para las líneas de prepago pendientes, según el último dígito del número. No obstante, esta suspensión no elimina el riesgo de desconexión. Una vez vencido el plazo correspondiente, las compañías telefónicas deberán suspender el servicio tras 72 horas, permitiendo únicamente llamadas de emergencia y atención al cliente. El servicio podrá reactivarse una vez que el usuario complete el registro.

Aunque esto reduce el riesgo de un apagón masivo inmediato, la dependencia del celular sigue siendo crítica. Los bancos y especialistas han señalado que el teléfono móvil se ha convertido en una llave esencial para la banca digital, la autenticación, el comercio electrónico, la mensajería y diversos trámites.

BBVA, por ejemplo, ha aclarado que su aplicación puede seguir funcionando con WiFi, pero ha reconocido que procesos como el registro inicial, el cambio de dispositivo o la recuperación de accesos requieren una línea activa.

La cobranza telefónica, por su parte, es legal y está regulada. Desde 2014, la CONDUSEF ha establecido nuevas reglas para los despachos de cobranza, derivadas de la Reforma Financiera, que incluyen obligaciones como identificarse plenamente, dirigirse al deudor con respeto y documentar por escrito cualquier acuerdo de pago. También se han impuesto prohibiciones claras, como no amenazar, ofender o intimidar; no cobrar a terceros sin relación con la deuda; y no simular documentos judiciales.

Además, la CONDUSEF gestiona el REDECO, un registro donde los usuarios pueden consultar despachos y presentar quejas. La cobranza extrajudicial ilegal es un tema que también se aborda con seriedad, buscando proteger los derechos de los deudores en un entorno cada vez más digitalizado.