Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas: desafíos y respuestas

Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas: Desafíos y Respuestas

Cada 26 de junio, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas nos invita a reflexionar sobre las acciones necesarias para prevenir el consumo de sustancias en jóvenes y adolescentes. En este contexto, se propone adoptar una perspectiva más humana que priorice el respeto, la evidencia y las políticas públicas enfocadas en la prevención y el acceso a la salud mental.

Organismos internacionales promueven modelos de prevención basados en la evidencia, que enfatizan el desarrollo de habilidades tanto personales como familiares. Programas dirigidos a padres enseñan técnicas de crianza positiva y comunicación asertiva, contribuyendo a reducir el riesgo de consumo temprano. En el ámbito escolar, se implementan currículos que desarrollan habilidades para la vida, enfocándose en la gestión emocional y la resistencia a la presión grupal.

Asimismo, los programas comunitarios ofrecen alternativas culturales y deportivas en áreas con alta vulnerabilidad social, abordando problemáticas como la deserción escolar y la violencia familiar. Se ha evidenciado que las estrategias más efectivas no se fundamentan en el miedo, sino en el fortalecimiento de habilidades que empoderen a los individuos.

El tráfico ilícito de drogas, por su parte, representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y la economía de los países. El financiamiento de organizaciones criminales a través del narcotráfico incrementa las tasas de homicidio, extorsión y sicariato, además de corromper instituciones públicas y debilitar el Estado de derecho, especialmente en zonas fronterizas o de difícil acceso.

Desde una perspectiva económica, el flujo de dinero ilícito distorsiona la economía formal y facilita el lavado de activos mediante negocios fachada. Esto obliga al Estado a redirigir recursos hacia la defensa, la seguridad y el control de fronteras, generando un alto costo para el presupuesto público. Además, la pérdida de productividad laboral asociada al consumo de drogas y la criminalidad se traduce en ausentismo, accidentes y gastos médicos.

Las políticas actuales reconocen la adicción como una enfermedad crónica, no como un delito. El acceso a programas de rehabilitación se basa en un enfoque de derechos humanos, priorizando la atención voluntaria, confidencial y libre de estigmas. Los tratamientos exitosos se estructuran en tres etapas: desintoxicación médica y psicológica, terapia ambulatoria o residencial, y reinserción social.

La reinserción es crucial para minimizar las recaídas, combinando educación, capacitación técnica y acceso al empleo. Comunidades terapéuticas reguladas por el sector salud, junto con programas de apoyo educativo y laboral, buscan devolver la autonomía económica a las personas en proceso de recuperación.

En Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) lidera la Política Nacional Contra las Drogas al 2030, enfocándose en romper la cadena de suministro de la cocaína a través del desarrollo alternativo integral y sostenible. Devida promueve la sustitución voluntaria de cultivos de coca por productos agrícolas rentables, como el cacao y el café, buscando así ofrecer alternativas viables a los agricultores y contribuir a la construcción de un entorno más seguro y saludable.