Opacidad financiera en aseguradoras de salud: cuándo falta el dictamen fiscal

Instituciones de salud enfrentan presión por transparencia mientras auditores retrasan certificaciones

Entidades de salud en América Latina enfrentan crecientes cuestionamientos sobre la veracidad de sus estados financieros cuando los revisores fiscales se abstienen de emitir dictámenes formales. Este fenómeno refleja una tensión estructural entre la urgencia de reportar cifras y la necesidad de completar auditorías exhaustivas, generando desconfianza entre reguladores y…

Entidades de salud en América Latina enfrentan crecientes cuestionamientos sobre la veracidad de sus estados financieros cuando los revisores fiscales se abstienen de emitir dictámenes formales. Este fenómeno refleja una tensión estructural entre la urgencia de reportar cifras y la necesidad de completar auditorías exhaustivas, generando desconfianza entre reguladores y actores políticos.

Pérdidas acumuladas de $4.8 billones en 2024 ilustran la magnitud del desbalance financiero en algunas aseguradoras regionales. Los ingresos ordinarios alcanzaron $22.2 billones mientras que el costo de prestación de servicios llegó a $26.4 billones, más gastos administrativos de $0.5 billones. Estas cifras revelan un problema sistémico: los recursos recaudados en un período no cubren los compromisos de atención generados, obligando a las instituciones a financiar años anteriores con presupuestos corrientes. Según la Superintendencia Nacional de Salud, este patrón requiere procesos de saneamiento que incluyan depuración de saldos, cruce de información con prestadores y establecimiento de compromisos de pago verificables.

La ausencia de dictamen fiscal no siempre indica irregularidad administrativa, sino que frecuentemente refleja auditorías inconclusas. Cuando los datos se entregan para revisión en fechas tardías —como ocurrió en julio en casos recientes— los revisores comunican explícitamente que los estados presentados no deben considerarse dictaminados. Sin embargo, esta práctica genera percepción de opacidad entre legisladores y actores de control, quienes interpretan la falta de certificación como señal de riesgo. Para instituciones de salud, la recomendación es adelantar entregas de información financiera y establecer calendarios de auditoría que permitan dictámenes completos antes de la publicación oficial, fortaleciendo la credibilidad ante reguladores y públicos interesados.