Exige SHCP 46 mdp por usar Campo Marte

Hacienda redefine criterios de valuación para eventos en bienes militares, generando conflictos con acuerdos previos

Exige SHCP 46 mdp por uso de Campo Marte La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha solicitado un pago de 46 millones 71 mil 827 pesos por el uso del Campo Marte, un inmueble militar administrado por la Defensa Nacional. Esta solicitud, firmada por Francisco Javier Aguilar García, Director…

Exige SHCP 46 mdp por uso de Campo Marte

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha solicitado un pago de 46 millones 71 mil 827 pesos por el uso del Campo Marte, un inmueble militar administrado por la Defensa Nacional. Esta solicitud, firmada por Francisco Javier Aguilar García, Director de Gestión de Uso de Inmuebles del INDAABIN, establece que el interesado tiene un plazo no mayor a 20 días hábiles para remitir el comprobante de pago correspondiente.

Este monto contrasta con un acuerdo previo firmado entre las dependencias de Defensa y Turismo, así como la empresa The Mates Contents, que estipulaba que no habría contraprestación por la utilización del espacio durante un festival.

El desglose presentado por Hacienda detalla que el cobro se compone de diversas áreas utilizadas en el evento. El mayor monto corresponde al espacio gastronómico, que abarca 11 mil 575 metros cuadrados y está valuado en 23 millones de pesos. Le sigue el área recreativa-musical, con 21 mil 233 metros cuadrados, cuyo costo es de 18.2 millones de pesos. Además, se incluyen 2.4 millones de pesos por áreas de exposición y arte, así como 2.3 millones por actividades deportivas.

El INDAABIN ha fundamentado este monto en un dictamen valuatorio que establece los derechos por el uso y aprovechamiento de espacios destinados a eventos cívicos, culturales, deportivos y gastronómicos en el inmueble.

Durante el Mundial, el Campo Marte fue utilizado para actividades recreativas, conciertos, transmisión de partidos y venta de alimentos y bebidas. Antes de la intervención de Hacienda, el uso de este espacio estaba respaldado por un convenio que permitía la operación del festival sin que se estableciera un pago por la explotación comercial del inmueble.

Este desarrollo es relevante para los tomadores de decisiones en México, ya que plantea interrogantes sobre la regulación y el uso de bienes inmuebles del Estado, así como sobre las implicaciones económicas de tales acuerdos para el sector turístico y cultural del país.