Personalidad jurídica de entidades autónomas: el dilema entre innovación y responsabilidad
Cómo los marcos legales enfrentan el reto de otorgar derechos a sistemas sin cadena humana de imputabilidad
Otorgar personalidad jurídica a estructuras operadas por inteligencia artificial plantea un desafío que trasciende la tecnología para cuestionar fundamentos del derecho, la ética pública y los derechos humanos. Para mercados emergentes como Argentina, atraer innovación e inversión requiere marcos regulatorios sofisticados, pero liderar en este ámbito implica integrar estas novedades…
Otorgar personalidad jurídica a estructuras operadas por inteligencia artificial plantea un desafío que trasciende la tecnología para cuestionar fundamentos del derecho, la ética pública y los derechos humanos. Para mercados emergentes como Argentina, atraer innovación e inversión requiere marcos regulatorios sofisticados, pero liderar en este ámbito implica integrar estas novedades dentro de estructuras que protejan derechos, garanticen trazabilidad y mantengan la responsabilidad humana exigible. La cuestión central no es si estas entidades pueden generar riqueza, sino si pueden hacerlo sin convertir a personas afectadas en daños colaterales de la eficiencia operativa.
Desde la perspectiva del derecho comercial tradicional, la persona jurídica es una ficción institucional consolidada hace siglos. Una sociedad comercial puede contratar, adquirir bienes, demandar y ser demandada. Sin embargo, esta ficción no implica autoconciencia, sino que es una herramienta para organizar actividad económica, reunir capital y distribuir riesgos entre actores humanos identificables. Una sociedad comercial no tiene pensamientos ni conciencia moral, pero siempre presupone una estructura humana detrás de sus actos, lo que permite reconstruir responsabilidades, deberes e identidades. El riesgo emergente es que la personalidad jurídica se convierta en mecanismo para crear entidades operativas sin responsabilidad humana clara. Cuando inteligencia artificial ejecuta tareas, optimiza decisiones, interactúa con mercados, gestiona activos y genera contratos a escala masiva sin vinculación a voluntad humana individual, el acto se desvincula de cualquier sujeto imputable.
Los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, establecen una arquitectura incompatible con modelos que dificulten identificar quién tomó decisiones, supervisó, se benefició, pudo prevenir y debe reparar. Cuando sistemas autónomos discriminan, excluyen, cometen fraudes, vulneran datos o manipulan información, la responsabilidad no se limita a sanciones económicas: exige verdad, trazabilidad, explicaciones, reparaciones y garantías de no repetición. La responsabilidad limitada ha permitido asumir riesgos y expandir inversiones al separar patrimonio personal de socios del patrimonio societario, pero su legitimidad siempre dependió de que esta limitación no anule responsabilidad ni convierta la entidad en mecanismo de impunidad. El desafío regulatorio radica en evitar que corporaciones autónomas combinen velocidad operativa superior a la humana, aprovechamiento de asimetrías informacionales y distribución masiva de daños, todo bajo un escudo de personalidad jurídica que diluya, en lugar de organizar, la cadena de responsabilidad.
