Rescate de autopistas: Supremo ordena recalcular indemnizaciones a concesionarias
Tribunal anula resolución de 2023 y urge al gobierno a liquidar deuda tras quiebra de infraestructuras de peaje
Sentencia del Tribunal Supremo ha invalidado el cálculo de indemnizaciones establecido por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, que fijaba un pago de 570 millones de euros por Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra de las autopistas de peaje R-3 y R-5 de Madrid, así…
Sentencia del Tribunal Supremo ha invalidado el cálculo de indemnizaciones establecido por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023, que fijaba un pago de 570 millones de euros por Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) tras la quiebra de las autopistas de peaje R-3 y R-5 de Madrid, así como un tramo de la M-50. El fallo ordena al gobierno recalcular estas compensaciones de manera urgente, reconociendo que el proceso ha sufrido una demora excesiva que supera los diez años.
Las autopistas en cuestión fueron concesionadas en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC, con un período de 50 años. Inauguradas en 2004, entraron en concurso de acreedores en 2012 durante la crisis financiera, cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió intervenir. El Supremo ha reiterado su jurisprudencia sobre este asunto, confirmando que las constructoras tienen un interés legítimo en impugnar el cálculo de responsabilidad patrimonial, aunque actualmente estas infraestructuras están bajo administración de la sociedad pública SEITT y la deuda fue adquirida por fondos de titulización como TDA, Bothar y Kommunalkredit.
Desde el inicio de los rescates, el Estado ha desembolsado un total de 1,684 millones de euros en las nueve autopistas intervenidas, aunque este monto es provisional. Los pagos realizados incluyen 134 millones por la R-4, 319 millones por la A-36, 41 millones por la A-41, 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones por la AP-7 Alicante y 46 millones por la M-12. La mayoría de estas infraestructuras aún se encuentran en proceso de resolución, lo que significa que las indemnizaciones finales podrían incrementarse significativamente. El fallo anula una resolución anterior que ya había sido invalidada por no ajustarse a derecho, evidenciando la complejidad legal de cuantificar la responsabilidad patrimonial en operaciones de rescate de infraestructuras estratégicas.
