Rescate de autopistas: el Supremo obliga a recalcular indemnizaciones a concesionarias
Tribunal rechaza cálculo de responsabilidad patrimonial y urge liquidación tras más de una década de demora
Sentencia del Tribunal Supremo ha invalidado el cálculo de indemnizaciones que el Estado debe abonar a las concesionarias por el rescate de infraestructuras viales que quebraron durante la crisis financiera. El fallo anula una resolución del Consejo de Ministros de diciembre de 2023 que establecía un pago de 570 millones…
Sentencia del Tribunal Supremo ha invalidado el cálculo de indemnizaciones que el Estado debe abonar a las concesionarias por el rescate de infraestructuras viales que quebraron durante la crisis financiera. El fallo anula una resolución del Consejo de Ministros de diciembre de 2023 que establecía un pago de 570 millones de euros por concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), cifra que ya representaba un incremento de 451 millones respecto a un cálculo anterior que el propio Supremo había invalidado por incumplimiento normativo.
Las autopistas de peaje R-3 y R-5 de Madrid, junto con un tramo de la M-50, fueron adjudicadas en 1999 a un consorcio integrado por ACS, OHLA, Sacyr y FCC mediante una concesión de 50 años. Inauguradas en 2004, estas infraestructuras enfrentaron insolvencia en 2012 cuando la contracción económica redujo drásticamente el tráfico y los ingresos por peaje. Fondos de titulización como TDA, Bothar y Kommunalkredit adquirieron posteriormente la deuda para gestionar las futuras indemnizaciones estatales. Actualmente, la gestión operativa está a cargo de SEITT, una sociedad pública.
El Tribunal ha enfatizado que el proceso de determinación de responsabilidad ha sufrido una demora injustificada superior a diez años, ordenando al gobierno finalizar la liquidación de manera urgente. Aunque Sacyr ya no opera estas infraestructuras, el Supremo ha confirmado que las constructoras poseen interés legítimo para impugnar el cálculo, puesto que el objetivo no es reclamar la deuda original sino establecer con precisión legal la cuantificación de la responsabilidad patrimonial que corresponde al Estado por las inversiones realizadas que ahora son patrimonio público.
El rescate integral de las nueve autopistas ha generado un desembolso provisional de 1,684 millones de euros. La distribución de pagos hasta la fecha incluye 134 millones por la R-4, 319 millones por la A-36, 41 millones por la A-41, 278 millones por la AP-7 Cartagena-Vera, 307 millones por la AP-7 Alicante y 46 millones por la M-12. La mayoría de estas infraestructuras permanecen en proceso de resolución, lo que significa que los montos finales aún no están determinados. El caso representa un precedente significativo sobre cómo los gobiernos deben cuantificar la responsabilidad patrimonial cuando intervienen en proyectos de infraestructura que fracasan, particularmente en contextos de crisis económica sistémica.
