Expropiaciones para vivienda social redefinen la política habitacional en CDMX

Gobierno acelera intervención en predios de alto riesgo estructural para proyectos de interés público

Gobierno de la Ciudad de México ha declarado de utilidad pública dos predios para desarrollar proyectos de vivienda social, marcando un cambio en la estrategia de intervención urbana en zonas de presión inmobiliaria. El primer inmueble, ubicado en Avenida Chapultepec en la colonia Roma Norte (alcaldía Cuauhtémoc), abarca 665 metros…

Gobierno de la Ciudad de México ha declarado de utilidad pública dos predios para desarrollar proyectos de vivienda social, marcando un cambio en la estrategia de intervención urbana en zonas de presión inmobiliaria. El primer inmueble, ubicado en Avenida Chapultepec en la colonia Roma Norte (alcaldía Cuauhtémoc), abarca 665 metros cuadrados y ha sido clasificado desde 2016 por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones como estructura de alto riesgo. El segundo predio, en Rafael Buelna en la alcaldía Venustiano Carranza, tiene 184.37 metros cuadrados y será destinado igualmente a vivienda de interés social.

La Secretaría de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial las declaratorias de expropiación, asignando al Instituto de Vivienda (Invi) la responsabilidad de desarrollar ambos proyectos habitacionales. Este mecanismo refleja una tendencia creciente en ciudades latinoamericanas de usar la expropiación por utilidad pública como herramienta para intervenir en mercados inmobiliarios tensionados. La Roma Norte, zona emblemática ubicada entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de Insurgentes, ha experimentado presión gentrificadora acelerada, lo que justifica según las autoridades la intervención estatal. Los ocupantes del primer predio han aceptado las condiciones del programa de sustitución de vivienda, comprometiéndose a desocupar durante la ejecución de obras.

Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio de la administración local por implementar programas de vivienda de interés social y popular en centros de población con déficit habitacional. La estrategia combina tres elementos: identificación de inmuebles con deficiencias estructurales documentadas, declaratoria de utilidad pública, e intervención directa del sector público en desarrollo habitacional. Este modelo contrasta con políticas anteriores basadas en incentivos al sector privado y representa un giro hacia mayor participación estatal en la producción de vivienda, una tendencia que también se observa en otras metrópolis mexicanas enfrentadas a crisis de accesibilidad habitacional.