Conflicto de interés en puertos: cómo autoridades navales financian flotas pesqueras cuestionadas
Infraestructura estatal chilena presta servicios a embarcaciones vinculadas con pesca ilegal, generando debate sobre supervisión regulatoria
Autoridades navales de Chile enfrentan cuestionamientos por permitir que empresas estatales bajo su administración presten servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones de flotas pesqueras de aguas distantes. Entre estas naves se encuentran barcos sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con trabajo forzado y violaciones a derechos humanos, según…
Autoridades navales de Chile enfrentan cuestionamientos por permitir que empresas estatales bajo su administración presten servicios de mantenimiento y reparación a embarcaciones de flotas pesqueras de aguas distantes. Entre estas naves se encuentran barcos sancionados por Estados Unidos por presuntos vínculos con trabajo forzado y violaciones a derechos humanos, según un informe de la organización ambiental Círculo de Políticas Ambientales. El análisis reabre el debate sobre el papel de Chile frente a una de las flotas más criticadas globalmente por prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Infraestructura naval chilena ha brindado apoyo logístico a un número considerable de embarcaciones dedicadas principalmente a la captura de calamar gigante, especie crucial para el ecosistema marino del Pacífico Sur y para economías pesqueras de Chile, Perú y Ecuador. Sin embargo, la controversia central radica en un conflicto de interés estructural: la empresa estatal que ofrece servicios de mantenimiento, reparaciones y asistencia técnica depende de la misma autoridad responsable de controlar y monitorear operaciones pesqueras en aguas jurisdiccionales del país. Según el especialista en política oceánica que elaboró el informe, esta doble función crea incentivos perversos que debilitan la capacidad regulatoria.
Datos del sistema de identificación automática de buques (AIS) obtenidos por Global Fishing Watch revelan un cambio significativo en patrones portuarios. Entre enero y septiembre de 2024 no se registraron recaladas de pesqueros chinos en puertos chilenos. A partir de octubre, se evidenció un incremento sostenido en escalas portuarias que alcanzó aproximadamente 200 visitas durante 2025. Este cambio temporal coincide con una visita oficial realizada en septiembre de 2024 por autoridades de defensa chilenas a China, aunque el informe aclara que no existe evidencia de relación causal directa. Durante el mismo período, autoridades navales reportaron haber inspeccionado 117 buques de bandera china, proporcionándoles servicios que incluyeron mantenimiento mecánico, reparaciones, abastecimiento y cambios de tripulación antes de que reanudaran actividades pesqueras.
Esta situación plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de un modelo donde instituciones públicas generan ingresos operacionales de actividades que simultáneamente deben regular. Expertos en gobernanza marina señalan que tales conflictos de interés erosionan la credibilidad de autoridades de control y pueden comprometer objetivos de conservación marina y cumplimiento de normativas internacionales sobre pesca responsable.
