Zonas francas en crisis: cómo la competencia regional redefine los modelos de atracción de inversión

Panamá enfrenta la caída de empresas desde 2018 y busca modernizar su régimen mediante sostenibilidad, tecnología y capacitación laboral

Panamá mantiene un régimen de zonas francas desde 1990 que representa un 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero enfrenta una contracción significativa en su base empresarial. El número de compañías ha disminuido de 128 en 2018 a 116 en 2021, a pesar de contar con 24 zonas…

Panamá mantiene un régimen de zonas francas desde 1990 que representa un 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, pero enfrenta una contracción significativa en su base empresarial. El número de compañías ha disminuido de 128 en 2018 a 116 en 2021, a pesar de contar con 24 zonas francas distribuidas en el territorio. Esta caída refleja una erosión competitiva que ha llevado a la necesidad de modernizar incentivos, procesos y formación laboral para preservar la posición regional frente a competidores como Costa Rica, República Dominicana y Colombia.

Económicamente, el régimen sigue siendo relevante pero insuficiente. Genera exportaciones por USD 143 millones, importaciones por USD 178 millones e inversiones por USD 244 millones anuales. Desde su creación, ha acumulado inversiones totales de USD 787 millones hasta 2018, con una contribución al PIB de USD 981 millones. Sin embargo, la estructura actual registra solo 1,680 empleos directos y 3,014 indirectos, con un salario promedio de $1,250, lo que sugiere que el modelo tradicional basado únicamente en exoneraciones fiscales ha alcanzado sus límites de atracción.

Marcado por las leyes 29 de 1992, 41 de 2004 y 32 de 2011, el marco legal ofrece exoneraciones totales o parciales del Impuesto sobre la Renta, del ITBMS y de aranceles de importación y exportación, además de libertad para repatriar capitales y beneficios laborales especiales. Las empresas bajo régimen de Sedes de Empresas Multinacionales acceden a exoneraciones del 100% sobre ingresos generados por exportaciones y servicios al exterior, con tasas fijas reducidas del 5%. Recientemente, se ha adoptado una normativa de sustancia económica alineada con estándares de la Unión Europea, que exige a las multinacionales contar con infraestructura real y personal administrativo en el país.

La competencia regional se centra en tres frentes estratégicos que van más allá de los incentivos fiscales tradicionales. Primero, la sostenibilidad: incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza para captar multinacionales que buscan operaciones con huella de carbono neutral. Segundo, la adopción tecnológica mediante automatización de procesos aduaneros, ventanillas únicas digitales y promoción de centros de datos y empresas de valor agregado tecnológico dentro de las zonas. Tercero, la capacitación laboral con programas de formación técnica y profesional que respondan a las demandas de la economía digital e industrias de alta tecnología.

La supervisión del régimen se distribuye entre el Ministerio de Comercio e Industrias como entidad reguladora principal, el Consejo Nacional de Zonas Francas encargado de aprobación y seguimiento, y la Autoridad del Área Económica Especial Panamá Pacífico con competencias específicas. Esta fragmentación institucional, junto con la necesidad de agilizar trámites, representa un desafío adicional para modernizar la competitividad del modelo.