Cooperación transfronteriza en materia migratoria ha generado un flujo significativo de recursos financieros desde la Unión Europea hacia países estratégicos del Mediterráneo. Entre 2000 y la actualidad, los compromisos presupuestarios han superado los 500 millones de euros, reflejando la importancia que Bruselas asigna a la gestión integrada de fronteras y la prevención del tráfico de personas en una región de tránsito crítica.
Desde 2015 hasta 2021, la UE comprometió 234 millones de euros a través de contratos bilaterales y regionales. El desglose presupuestario revela las prioridades: el 77% se destinó a gestión integrada de fronteras y lucha contra contrabando y trata de personas; el 12% a protección y estabilización comunitaria; el 7% a migración laboral, y el 4% a gobernanza migratoria y retornos voluntarios. Este modelo de asignación refleja una estrategia enfocada en fortalecer capacidades institucionales de control y prevención de delitos transnacionales, más que en políticas de integración o acogida.
La intensificación de esta cooperación se evidencia en el período 2021-2024, cuando los compromisos alcanzaron los 1,000 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente 193 millones se asignaron específicamente a un paquete regional de migración que abarca gobernanza global, retornos voluntarios, migración legal y gestión de fronteras. En 2023, se anunció un programa adicional de 152 millones de euros para fortalecer la gestión fronteriza y apoyar retornos voluntarios, consolidando una inversión total que supera los 500 millones en la última década.
Esta estrategia se materializa a través del Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVDCI-Europa Global), la herramienta clave de la UE para proyectar sus políticas fuera de sus fronteras. El mecanismo permite respuestas ágiles ante crisis globales y busca mejorar la eficacia de la política exterior europea en regiones como África, Asia, el Pacífico, América y el Caribe. El fortalecimiento de relaciones con países fronterizos es considerado fundamental para la estabilidad regional.
Desde una perspectiva de gobernanza migratoria, esta inversión representa un cambio en el modelo europeo: la externalización de controles fronterizos hacia países de tránsito, en lugar de gestionar la migración dentro del territorio comunitario. Este enfoque ha generado debates sobre efectividad, derechos humanos y sostenibilidad de las políticas de retorno. Los datos operacionales muestran que en períodos recientes se han registrado retornos masivos y crisis humanitarias en zonas fronterizas, lo que sugiere que la magnitud de los flujos migratorios continúa superando la capacidad de gestión, incluso con inversiones significativas en infraestructura y coordinación institucional.
