Gobernanza del salario mínimo en Perú: tensión entre diálogo tripartito y decisión ministerial

El proceso de fijación de remuneraciones mínimas expone dilemas de institucionalidad laboral en América Latina

Mecanismos de determinación de salarios mínimos en Perú revelan una tensión estructural entre la participación tripartita y la autoridad ejecutiva. Mientras el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) actúa como espacio de diálogo entre trabajadores y empresarios, la competencia legal recae exclusivamente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo…

Mecanismos de determinación de salarios mínimos en Perú revelan una tensión estructural entre la participación tripartita y la autoridad ejecutiva. Mientras el Consejo Nacional de Trabajo (CNT) actúa como espacio de diálogo entre trabajadores y empresarios, la competencia legal recae exclusivamente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que formaliza cualquier decisión mediante Decreto Supremo.

Este modelo dual genera incertidumbre institucional. El proceso previsto para 2026 contempla entre 60 y 90 días de negociación a través de la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM), donde se intercambiarán posiciones técnicas y se buscará consenso. Sin embargo, el antecedente de 2024 es revelador: cuando el diálogo social no logró acuerdo, el MTPE estableció unilateralmente un aumento a S/1.130, demostrando que la institucionalidad tripartita funciona como consulta, no como poder vinculante. El aumento esperado para este ciclo es de S/170 (incremento del 15%), superando los aumentos de administraciones anteriores.

Esta estructura tiene implicaciones para estrategia empresarial y política laboral en la región. Cuando los espacios de diálogo no producen consenso vinculante, la discrecionalidad ministerial se convierte en variable de riesgo para la previsibilidad de costos laborales. Para directivos en México y América Latina, el caso peruano ilustra un patrón: la formalización de aumentos salariales requiere legitimidad tripartita, pero sin mecanismos que garanticen que el diálogo determine la decisión final. Esto genera ciclos de negociación que pueden resultar en decisiones unilaterales, debilitando la confianza en las instituciones de diálogo social y alimentando polarización entre actores laborales. La pregunta de fondo no es solo quién fija el salario, sino cómo construir institucionalidad laboral que equilibre participación con gobernanza predecible.