Infraestructura vial: por qué los gobiernos locales no ejecutan presupuestos de reparación

Mil millones de pesos para baches permanecen sin ejercer seis meses después de su asignación

Gobiernos locales enfrentan un problema recurrente de ejecución presupuestaria: recursos destinados a infraestructura vial permanecen sin utilizarse meses después de su liberación. Un fondo de mil millones de pesos para reparación de calles en la capital mexicana ilustra esta brecha entre asignación presupuestaria y gasto efectivo, con solo una demarcación…

Gobiernos locales enfrentan un problema recurrente de ejecución presupuestaria: recursos destinados a infraestructura vial permanecen sin utilizarse meses después de su liberación. Un fondo de mil millones de pesos para reparación de calles en la capital mexicana ilustra esta brecha entre asignación presupuestaria y gasto efectivo, con solo una demarcación reportando recursos comprometidos al cierre del primer semestre.

Este patrón refleja desafíos estructurales en la gestión pública local. Las reglas operativas del Fondo de Repavimentación fueron publicadas el 25 de febrero, con plazo hasta el 13 de marzo para que las 16 alcaldías presentaran proyectos. La Secretaría de Administración y Finanzas contaba con 15 días para validar propuestas, pero seis meses después, el segundo informe trimestral no registra ejercicio de recursos. Solo Álvaro Obregón informó sobre fondos comprometidos. La distribución presupuestaria muestra disparidades significativas: Iztapalapa recibió 134.9 millones de pesos, Gustavo A. Madero 110 millones, Cuauhtémoc 77.4 millones y Álvaro Obregón 73.7 millones. Las demarcaciones restantes cuentan con asignaciones que van desde 35.8 millones hasta 65.3 millones de pesos.

Esta inercia en la ejecución ocurre en un contexto donde el deterioro vial se ha consolidado como problema prioritario en ciudades mexicanas. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del segundo trimestre, los baches fueron identificados como el principal problema en 75 de 91 áreas urbanas evaluadas (82% de las ciudades). En la capital, el 83.4% de adultos encuestados señaló los baches como el principal problema urbano, superando incluso la delincuencia (52.6%). Los recursos están canalizados a través del Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad, con restricciones específicas: solo pueden destinarse a renovación, rehabilitación o colocación de superficies asfálticas, excluyendo construcción de nuevas vialidades, mantenimiento general, señalización o iluminación.

Esta desconexión entre disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución sugiere obstáculos administrativos o de coordinación interinstitucional que trascienden la simple falta de presupuesto. Gobiernos locales enfrentan cuellos de botella en procesos de validación de proyectos, contratación pública, o coordinación con dependencias federales, lo que genera retrasos que perpetúan problemas de infraestructura visible para la ciudadanía. El caso expone una tensión recurrente en gobiernos descentralizados: la capacidad institucional para ejecutar recursos no siempre acompaña su asignación presupuestaria.