La adquisición de vivienda se ha convertido en un desafío estructural para jóvenes mexicanos. Los precios de inmuebles han alcanzado niveles que requieren ahorros iniciales equivalentes al 20-30% del valor total de la propiedad, más impuestos y gastos asociados que pueden sumar hasta un 10% adicional. Esta barrera financiera genera una paradoja: muchos jóvenes poseen ingresos suficientes para cubrir mensualidades hipotecarias, pero carecen del capital inicial necesario para acceder al crédito. Siete medidas han sido propuestas para resolver este cuello de botella. La primera contempla el prorrateo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) e IVA, permitiendo que estos tributos se paguen de forma gradual sin intereses ni recargos. En una vivienda valuada en 3 millones de pesos, donde el ITP podría alcanzar 300,000 pesos, distribuir este monto en el tiempo reduciría significativamente el capital requerido en el acto de compra. La segunda medida propone tipos impositivos reducidos específicamente para compradores de primera vivienda menores de 35 años, enfocándose particularmente en reducir el IVA en vivienda nueva, que actualmente representa una barrera considerable incluso en entidades que ya aplican reducciones en ITP. Una tercera alternativa es la recuperación de cuentas de ahorro-vivienda, instrumento que operó en México hasta 2013. Estos productos permitían reservar fondos específicamente para la compra de vivienda habitual con beneficios fiscales en la declaración de impuesto sobre la renta, siempre que la adquisición se realizara dentro de plazos determinados. Modernizar este mecanismo podría proporcionar un vehículo de acumulación de capital con incentivos tributarios adaptados al contexto actual del mercado inmobiliario. Complementariamente, se sugieren reformas a requisitos de garantía hipotecaria, ampliación de plazos de crédito, subsidios directos para entrada inicial, y flexibilización de criterios de ingresos para calificación crediticia. Estas medidas, implementadas de forma integral, podrían reactivar el acceso a la propiedad entre la población menor de 35 años, transformando una inversión históricamente inalcanzable en una meta viable dentro de ciclos de vida laboral temprano.