Gobiernos latinoamericanos destinan históricamente entre 3 y 5 veces más recursos a reconstrucción post-desastre que a infraestructura preventiva, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta brecha refleja una lógica reactiva que persiste en la gestión pública: atender emergencias con decretos urgentes en lugar de invertir en planificación territorial, control de calidad en obras y fiscalización de edificaciones.
Un gremio técnico regional ha presentado un documento de gobernanza que diagnostica esta ineficiencia sistémica. El análisis identifica que la fragmentación institucional, las normativas superpuestas y la ausencia de datos georreferenciados generan inversiones desconectadas de riesgos reales. La propuesta central es transitar desde una gestión correctiva hacia una preventiva mediante nueve ejes: gobernabilidad técnica, planificación territorial, industrialización con innovación, gestión de riesgos, recursos naturales, infraestructura estratégica, seguridad energética, desarrollo profesional y transformación digital.
En materia de resiliencia ante fenómenos naturales como huaicos, inundaciones y sismos, el documento enfatiza que la prevención requiere tres cambios simultáneos: primero, abandonar la lógica de decretos de emergencia y priorizar construcción de infraestructura adecuada; segundo, implementar una Política Nacional de Ordenamiento Territorial que integre todas las disciplinas de ingeniería con gestión basada en datos georreferenciados; tercero, crear un catastro multipropósito que oriente inversiones públicas y regule uso del suelo de manera sostenible. Estos cambios desbloquearían proyectos estancados, generarían empleo y mejorarían competitividad.
La propuesta también aborda industrialización con valor agregado para pequeñas y medianas empresas, sugiriendo una oficina de proyectos priorizados y una encuesta nacional de productividad. El fundamento transversal es que "desde el punto de vista de la ingeniería todo está interconectado", lo que implica que decisiones de infraestructura, energía, agua y territorio deben responder a criterios técnicos medibles, no a ciclos políticos. La ética pública e integridad institucional se plantean como base para que estas reformas prosperen en los primeros 100 días de cualquier nueva administración.
