Proyecciones económicas recientes advierten sobre una reversión en la trayectoria fiscal de Argentina. Tras cerrar 2023 con equilibrio presupuestario, el país enfrentaría un déficit fiscal del 0.4% del PIB en 2027, según análisis de consultoras internacionales. Este escenario representa un quiebre en la política de 'déficit cero' que ha caracterizado la estrategia macroeconómica argentina desde finales de 2023.

La tensión fiscal se manifiesta en señales tempranas. Durante el primer semestre de 2024, Argentina registró un superávit financiero del 0.1% del PIB y un resultado primario del 0.6% del PIB, pero en junio experimentó su primer déficit mensual en ambas métricas. Este deterioro refleja una combinación de presiones estructurales: caída en la recaudación tributaria real, aumento en subsidios energéticos y expansión de programas de asistencia social. La reducción programada de impuestos a la exportación de soja a partir de 2027 profundizará estas presiones, según proyecciones de consultoras especializadas en mercados emergentes.

La sostenibilidad del modelo fiscal dependerá de medidas adicionales de consolidación. Sin intervenciones de política fiscal, el gobierno enfrentará nuevamente déficit general el próximo año. Simultáneamente, las proyecciones de crecimiento del PIB han sido ajustadas a la baja para 2026 (2.3% versus 2.8% previsto anteriormente), aunque se anticipa una recuperación a 3% en 2027. Este patrón de crecimiento volátil, combinado con persistencia inflacionaria y aumento del desempleo, ha erosionado el apoyo público, alcanzando niveles de desaprobación sin precedentes desde el cambio de administración.

Para estrategas corporativos y analistas de riesgo país, este escenario plantea interrogantes sobre la viabilidad a mediano plazo de la agenda de reformas estructurales y la capacidad del gobierno para mantener coherencia en su marco de política económica. La brecha entre objetivos fiscales declarados y realidades operativas sugiere que Argentina entrará en una fase de negociación política sobre prioridades de gasto, con implicaciones para inversión, empleo y estabilidad cambiaria.