Manipulación del sistema tributario panameño E-Tax 2.0 ha generado una lesión patrimonial de aproximadamente $40 millones al Estado, según revelan investigaciones que documentan cómo instituciones financieras fueron utilizadas como receptores finales de créditos fiscales irregulares. Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) identificó que el 93% de las cesiones examinadas tuvo como beneficiario final a una entidad bancaria, con créditos por $30.5 millones que originalmente pertenecían a ocho contribuyentes de sectores como seguros, energía e inversiones.
La Operación Pandora se originó tras una revisión administrativa que detectó inconsistencias entre las retenciones declaradas y los pagos recibidos por la DGI. Auditores identificaron 61 ajustes por más de $42.4 millones, aunque solo cuatro correspondían a resoluciones legítimas. Según los hallazgos, los saldos fueron anulados, modificados y posteriormente transferidos a sociedades intermediarias antes de ser cedidos a terceros, creando una cadena de transacciones que dificultaba la trazabilidad. El ministro de Economía y Finanzas ha señalado que bancos, aseguradoras y otras empresas fueron víctimas de engaños mediante estos créditos fiscales falsos, lo que ha motivado el anuncio de fortalecimiento en controles, gobernanza y mecanismos de trazabilidad dentro de la administración tributaria.
La participación voluntaria de instituciones financieras en la investigación busca esclarecer cómo se adquirieron los créditos fiscales en cuestión, que estaban debidamente registrados y certificados en la plataforma tributaria. Estas entidades han enfatizado que los pagos correspondientes se realizaron después de que los montos fueron oficialmente acreditados en E-Tax 2.0, lo que sugiere que operaron de buena fe basándose en información oficial del Estado. Su incorporación al expediente permite presentar documentación que respalda la trazabilidad de las operaciones y contribuye al esclarecimiento de los hechos, reafirmando la confianza que las empresas depositan en las certificaciones oficiales emitidas por autoridades estatales para llevar a cabo operaciones comerciales legítimas.
