El endeudamiento afecta desproporcionadamente a jóvenes de 18 a 39 años, con una prevalencia del 77% comparada con el 53.7% en mayores de 60 años. Este segmento demográfico no solo presenta tasas de endeudamiento más altas, sino que también muestra patrones cualitativamente distintos en sus fuentes de financiamiento, revelando una brecha estructural en el acceso al crédito formal.
Entre los jóvenes endeudados, el 35.8% ha contraído deudas con prestamistas o entidades financieras no reguladas, una cifra que desciende drásticamente al 7% en mayores de 60 años. Simultáneamente, el 51.1% de este grupo accede al sistema formal a través de bancos, billeteras electrónicas o tarjetas de crédito. Esta dualidad refleja una realidad crítica: mientras algunos jóvenes logran acceso al sistema regulado, una proporción significativa queda excluida y recurre a alternativas de alto costo. Los menores de 35 años enfrentan tasas de mora superiores al 25%, alcanzando en ciertos casos el 50%, según análisis especializados. Esta morosidad no es meramente un indicador de mal comportamiento crediticio, sino síntoma de una desconexión entre la capacidad de pago real y las condiciones de financiamiento disponibles.
Los riesgos asociados al financiamiento informal incluyen tasas de interés exorbitantes, ausencia de mecanismos transparentes de reclamación y prácticas de cobranza potencialmente abusivas. Sin embargo, la raíz del problema trasciende la elección individual: el 85.5% de jóvenes entre 18 y 39 años agota sus recursos antes del día 20 del mes, comparado con el 60.6% de quienes tienen entre 40 y 59 años. Esta brecha de 25 puntos porcentuales indica que la juventud no solo percibe ingresos inferiores, sino que carece de margen financiero para absorber volatilidad económica.
La transformación del propósito del crédito marca un cambio estructural en las economías emergentes. El 61.9% de la población ha contraído deuda en los últimos seis meses, siendo la insuficiencia de ingresos para cubrir necesidades básicas el motivo principal (53.7%), seguido por incrementos en tarifas y servicios (23.1%). La adquisición de bienes duraderos representa apenas el 11.5% de los casos. Este desplazamiento desde financiamiento aspiracional hacia financiamiento de subsistencia sugiere deterioro en el poder adquisitivo real y erosión de la estabilidad económica.
Los indicadores de percepción económica refuerzan este diagnóstico: el 42.8% evalúa negativamente su situación financiera personal, mientras que el 61.8% percibe negativamente la economía nacional. La brecha de 19 puntos entre ambas evaluaciones indica que el deterioro percibido trasciende experiencias individuales, reflejando un diagnóstico colectivo sobre cambios estructurales. Solo el 9.3% de la población logra llegar a fin de mes con capacidad de ahorro, mientras que el 66% agota ingresos antes del día 20. Estos patrones sugieren que la restricción económica ha evolucionado de ajuste temporal a patrón de vida normalizado.
