Estrategas legales cuestionan la viabilidad jurídica de las imputaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito cuando no existe prueba sustancial del delito antecedente de contrabando. Tras analizar más de 1,500 archivos equivalentes a 4GB de documentos remitidos a autoridades fiscales, los representantes legales han argumentado que la cadena de imputación carece de fundamento legal, ya que los delitos derivados dependen de la existencia comprobada del delito base.
Este señalamiento refleja un debate jurídico fundamental en casos de criminalidad económica: la imposibilidad de configurar delitos de blanqueo de capitales sin la previa acreditación del origen ilícito de los recursos. Según la defensa, la documentación aduanera demuestra que la mercancía ingresó al país a través de puertos autorizados, utilizando intermediarios bajo vigilancia estatal y cumpliendo con la normativa vigente. Entre mayo y septiembre de 2023, autoridades aduanales realizaron inspecciones que cubrieron menos del 1% del inventario antes de proceder al decomiso de más de tres millones de prendas valoradas en 54,000 millones de pesos. La defensa sostiene que toda la mercancía contaba con documentación conforme a la regulación.
Paralelamente, tres jueces de control de garantías han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas, lo que evidencia inconsistencias procesales. La defensa ha presentado denuncias por presunto abuso de autoridad desde 2023 y ha impugnado los actos administrativos ante instancias superiores. En enero de 2026, la empresa identificó que parte del inventario decomisado estaba siendo comercializado de manera ilegal en canales no autorizados, lo que generó nuevas denuncias penales que aún no han avanzado en la investigación fiscal.
Desde la perspectiva de la acusación, autoridades han reportado un presunto lavado de activos superior a 730,000 millones de pesos y argumentan que la estructura operó durante años con sociedades en múltiples jurisdicciones. Sin embargo, el debate central permanece: en derecho penal, la imputación de delitos derivados requiere la prueba previa del delito antecedente. Esta tensión entre la teoría de la investigación y los estándares de prueba representa un punto crítico en la evolución del litigio penal en casos de criminalidad económica, donde la carga probatoria y el debido proceso se vuelven determinantes para la viabilidad de las acusaciones.
