Contraloría General de Panamá ha iniciado auditorías forenses a dos de los principales operadores de servicios públicos del país, en medio de un debate nacional sobre la relación entre los costos que pagan los usuarios y la calidad del servicio recibido. Esta acción representa un punto de inflexión en la evaluación de empresas en las que el Estado mantiene participación accionaria significativa, especialmente cuando se aproximan fechas críticas de renovación de concesiones.

Las investigaciones se centran en cuestionar la eficiencia operativa y el retorno de inversión de estas compañías. En el caso de la distribución eléctrica, los datos revelan una brecha considerable: mientras una de las principales distribuidoras reporta ingresos cercanos a $1,000 millones anuales, sus transferencias de dividendos al Estado apenas alcanzaron $9.87 millones en 2023. Este desfase ha generado interrogantes sobre si la estructura de costos, deuda y operaciones justifica los precios que pagan más de 750,000 clientes residenciales y comerciales. La deuda de esta empresa ha crecido de $90 millones al ingresar al mercado panameño a más de $1,000 millones en la actualidad, lo que plantea preguntas sobre la asignación de recursos y su impacto en las tarifas finales.

La presión regulatoria coincide con un momento de transición crítico en el sector. Los contratos de concesión para distribución eléctrica vencen en octubre de 2028, después de un período de 15 años que comenzó en 2013. La legislación establece que antes de esa fecha debe realizarse un proceso de venta del paquete mayoritario de acciones, mientras el Estado mantendría una participación cercana al 48%. La Autoridad Nacional de Servicios Públicos ya ha iniciado los trabajos técnicos y legales para definir la estructura de la próxima fase operativa, lo que significa que estas auditorías ocurren en un contexto donde se redefinirán las condiciones del negocio.

Más allá de la distribución eléctrica, las telecomunicaciones enfrentan escrutinio similar. Las investigaciones incluyen auditorías a operadores de telecomunicaciones cuyas prácticas de incremento tarifario han generado quejas recurrentes. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha sido solicitada para investigar aumentos en servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión de paga. Este patrón de incrementos sostenidos, sin correlación clara con mejoras de servicio percibidas por usuarios, ha convertido a los servicios públicos en uno de los mayores generadores de presión sobre presupuestos familiares panameños.

Desde una perspectiva de gobernanza corporativa, estas auditorías reflejan una tensión estructural en mercados emergentes: cómo equilibrar la rentabilidad empresarial, la participación estatal en activos estratégicos, la calidad de servicio y la asequibilidad para usuarios. Panamá no es caso aislado; varios países latinoamericanos han enfrentado dilemas similares con operadores de servicios públicos privatizados parcialmente. Las investigaciones en curso determinarán si el modelo actual de participación estatal minoritaria con control operativo privado ha generado valor público suficiente, o si requiere replanteamientos estructurales antes de las renovaciones de 2028.