Modificaciones en la estructura de competencias gubernamentales han redistribuido las responsabilidades sobre control sanitario de alimentos en toda la cadena logística. El Ministerio de Economía asume ahora la fiscalización de productos agroalimentarios en todas sus fases: producción, transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, importación y exportación. Esta reorganización, formalizada mediante decreto, establece una separación clara entre la normatización (a cargo del Ministerio de Salud) y la fiscalización operativa (responsabilidad del Ministerio de Economía).
Para operadores de cadenas agroalimentarias, esta redistribución de competencias tiene implicaciones operativas significativas. El nuevo esquema amplía explícitamente el alcance de fiscalización más allá de plantas de producción y transformación, incluyendo almacenamiento, transporte, distribución y flujos internacionales. La medida abarca productos agroalimentarios, bebidas, aguas minerales, alimentos dietéticos, así como insumos específicos como aditivos, colorantes y edulcorantes utilizados en alimentación humana. Esta cobertura integral responde a la necesidad de asegurar inocuidad y calidad higiénico-sanitaria en cada eslabón de la cadena hasta el consumidor final.
Desde la perspectiva del comercio exterior, el decreto incorpora explícitamente importaciones y exportaciones dentro del nuevo marco de competencias, lo que implica que operadores internacionales deberán interactuar con la autoridad de economía para cumplimiento de requisitos sanitarios. Aunque la medida no altera requisitos específicos ni introduce nuevos procedimientos logísticos, su impacto radica en centralizar la fiscalización bajo una única cartera, potencialmente simplificando la interlocución regulatoria pero requiriendo que operadores adapten sus protocolos de cumplimiento normativo a la nueva estructura institucional. La normativa también introduce modificaciones en otras atribuciones relacionadas con productos medicinales, cosméticos y de uso doméstico.
