La morosidad en créditos a familias se mantuvo en 12.8% durante junio, marcando un alto después de 19 meses de incrementos continuos, según el informe más reciente del Banco Central. Este dato representa un punto de inflexión potencial en la evolución del riesgo crediticio, después de que la morosidad se quintuplicara en los dieciocho meses previos, pasando de 2.4% a los niveles actuales. La estabilización se distribuye de manera heterogénea entre productos de financiamiento. Las tarjetas de crédito mostraron morosidad de 12.6%, mientras que los préstamos personales alcanzaron 16.4% y los prendarios 7.9%. Los créditos hipotecarios permanecieron estables en 1.6%, evidenciando comportamientos divergentes según el tipo de obligación. En el sector privado agregado, la irregularidad se ubicó en 7.6%, con variaciones en construcción, comercio e industria, mientras que la producción primaria mostró una leve disminución. El coeficiente de irregularidad empresarial se estableció en 3.5%. Las autoridades monetarias atribuyen la moderación a una desaceleración en el crecimiento real de la cartera irregular, parcialmente explicada por la clasificación de deudores como irrecuperables, combinada con un aumento en el financiamiento total. La probabilidad de default estimada (PDE) del sector privado disminuyó 0.2 puntos porcentuales respecto al mes anterior, sugiriendo menor transición de deudores al día hacia atrasos. Existe, sin embargo, un desfase temporal entre mejoras reales en pagos y su reflejo en indicadores estadísticos, lo que implica que la recuperación podría tardar en manifestarse completamente en las métricas oficiales. La estrategia oficial descarta límites a tasas de interés, enfocándose en la recuperación crediticia mediante planes de refinanciación. Las estimaciones del Ministerio de Economía indican que las entidades bancarias ofrecen tasas anuales entre 20% y 25% a tres años para deudores con atrasos, buscando ajustar obligaciones a la capacidad de pago de las familias. El Ministerio de Economía y el Banco Central mantienen un monitoreo continuo con el sector financiero, sin intervenciones directas en las operaciones. Esta aproximación contrasta con administraciones anteriores que implementaron controles de tasas, reflejando un cambio en el paradigma de política crediticia hacia mecanismos de mercado con supervisión regulatoria.