Investigadores de instituciones académicas españolas documentaron un incumplimiento sistemático de la normativa que obliga a reservar plazas para personas con discapacidad en el personal docente e investigador (PDI) de universidades públicas. Entre 2016 y 2025, debería haberse aplicado esta reserva en 480 ocasiones en 48 universidades, pero solo se verificó su cumplimiento en siete casos, calificado como "anecdótico" por los investigadores. Se estima que al menos 2,000 plazas no fueron reservadas durante este período, con posibilidad de que la cifra real alcance las 3,000 en figuras permanentes.
La investigación, respaldada por solicitudes de acceso a información pública dirigidas a todas las universidades públicas españolas y resoluciones rectorales, revela deficiencias críticas en transparencia y trazabilidad. Numerosas instituciones no respondieron a las solicitudes, alegaron falta de registros adecuados u obstaculizaron el acceso a datos. Estos números no aparecen en estadísticas públicas universitarias ni en los portales de transparencia obligatorios, lo que invisibiliza la magnitud del problema y dificulta la verificación del cumplimiento legal. El porcentaje actual de PDI con discapacidad se encuentra muy por debajo del objetivo legal del 2%, así como de los niveles observados en otros sectores educativos.
Los obstáculos comienzan en etapas tempranas de la trayectoria académica. Aunque existe una reserva del 5% para estudiantes con discapacidad en programas de grado, posgrado y contratos predoctorales del Ministerio, esta protección no se generaliza en contratos temporales de acceso a la carrera docente. Pocas universidades cuentan con procedimientos aprobados para realizar adaptaciones en puestos de trabajo. Entre las excepciones positivas destacan políticas específicas de algunas instituciones, consideradas modelos de garantía, aunque representan casos aislados en un panorama de incumplimiento generalizado.
La investigación subraya que la falta de información accesible y comparable perpetúa la invisibilidad de la situación. Recomienda que las universidades publiquen activamente el número de plazas convocadas y las efectivamente reservadas, dado que existen casos donde las plazas inicialmente ofertadas no se convocan por el turno de reserva. Expertos advierten que la reserva de plazas debe funcionar como herramienta real de igualdad de oportunidades, no como obligación legal de aplicación meramente formal. La mejora de sistemas de información y estadística es crucial para incorporar datos sobre PDI con discapacidad al Sistema Integrado de Información Universitaria, permitiendo seguimiento efectivo y rendición de cuentas institucional.
