Entre 2020 y 2021, autoridades fiscales, aduanales y de defensa en México detectaron un esquema fraudulento que permitió la introducción al mercado nacional de millones de litros de gasolina y diésel, presentados como aceites y lubricantes. Esta práctica, conocida como huachicol fiscal, reveló una compleja red de corrupción en puntos de entrada al país, especialmente en los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, con ramificaciones en al menos 21 aduanas repartidas en 13 estados.
Análisis del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y organismos de seguridad federal han identificado un patrón de conducta que se gestó tras la reforma energética del Pacto por México en 2013. Investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) señalan que el huachicol fiscal se intensificó a partir de la liberalización de la importación de petrolíferos, que permitió a particulares competir con Pemex en el mercado. Desde el inicio de la pandemia de covid-19, la importación de supuestos aceites y aditivos se disparó a niveles sin precedentes. Entre 2019 y 2020, las importaciones de estos productos fluctuaban entre 3 mil y 5 mil 500 millones de litros anuales. Sin embargo, para el periodo 2021-2022, los registros se dispararon a entre 14 mil 700 y 18 mil 200 millones de litros, representando un incremento de alrededor de 27 mil millones de litros adicionales.
Grupos delictivos aprovecharon los cambios legales para ingresar combustible evadiendo contribuciones clave como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La revisión in situ de autoridades confirmó que los cargamentos declarados como "lubricantes" eran en realidad gasolinas y diésel que ingresaban de contrabando. Se estimó que el combustible introducido bajo esta modalidad llegó a representar hasta el 30% de la demanda nacional, evidenciando que no se trataba de un fenómeno marginal, sino de una estructura capaz de alterar el mercado energético del país.
Investigaciones identificaron a la aduana marítima de Tampico como el nodo central del esquema en el Golfo de México, donde se recibía combustible procedente de refinerías en Texas. Posteriormente, se detectaron patrones similares en recintos fronterizos y marítimos en Veracruz, Colima, Michoacán, Sinaloa y Sonora. Esta dispersión geográfica confirmó que se trataba de un mecanismo articulado a escala nacional. Analistas del SAT señalaron que las cifras de importación no concordaban con la actividad industrial, que se encontraba semiinmovilizada por la contingencia sanitaria durante 2020-2021. Lucha contra el huachicol fiscal se ha convertido en una prioridad para las autoridades, dada su capacidad para desestabilizar el mercado energético y afectar la recaudación fiscal nacional.
