Confianza económica y crecimiento empresarial no siempre avanzan al mismo ritmo. Aunque Panamá registra un nivel de confianza económica de 8.1 sobre 10 hasta julio, el sector empresarial comienza a mostrar señales de cautela que revelan una brecha crítica: mientras un 22% de las empresas anticipa aumentos en plantilla laboral, el porcentaje que espera crecimiento en ventas ha disminuido en el último mes. Este contraste expone una realidad que trasciende los ciclos de mercado: la decisión de invertir depende tanto del entorno institucional como de las oportunidades comerciales.
Para corporaciones que evalúan establecerse o expandirse en la región, el atractivo geográfico y la economía dolarizada resultan insuficientes sin marcos institucionales sólidos. El sector empresarial identifica dos debilidades estructurales que limitan el potencial de crecimiento: deficiencias en la administración de justicia y mecanismos débiles para combatir la corrupción. Los ejecutivos se cuestionan sobre la estabilidad de las leyes y el respaldo institucional de los contratos en el futuro cercano, señalando que la confianza en las reglas del juego es tan crucial como las ventajas logísticas o financieras.
Los datos internacionales confirman estas preocupaciones. El Índice de Estado de Derecho 2025 coloca al país en el puesto 73 de 143 naciones con una puntuación de 0.52 sobre 1, revelando una disparidad interna significativa: Panamá se encuentra entre los 50 primeros en gobierno abierto, pero cae al puesto 105 en justicia penal. Más alarmante aún, el Índice de Percepción de la Corrupción otorga 33 puntos sobre 100, muy por debajo del promedio continental de 42 y de registros de países como Uruguay, Chile o Costa Rica. En el Índice de Libertad Económica 2026, Panamá ocupa el puesto 63 entre 184 economías, representando una caída respecto al año anterior.
La administración de justicia emerge como el principal punto débil institucional. En ausencia de mecanismos efectivos para combatir la corrupción y asegurar aplicación equitativa de normas, la percepción de riesgo aumenta exponencialmente. Cuando las instituciones son sólidas, las compañías apuestan por crecimiento y reinversión; si la confianza decae, el capital opta por alternativas más seguras en otras jurisdicciones. Las recientes investigaciones en instituciones públicas y los cambios en carteras ministeriales ilustran las dificultades que enfrentan los organismos al intentar trascender ciclos políticos, haciendo que controles internos y rendición de cuentas se conviertan en prioridades estratégicas.
En respuesta, el sector empresarial ha promovido iniciativas como la creación de observatorios de transparencia judicial, con el objetivo de monitorear el funcionamiento del sistema de justicia y cerrar la brecha entre normas y cumplimiento. Este tipo de mecanismos busca construir un entorno de estabilidad y previsibilidad que inspire confianza tanto en ciudadanos como en inversionistas, reconociendo que la institucionalidad robusta es el fundamento sobre el cual se construye competitividad regional sostenible.
