Millones de mexicanos se acercan a la jubilación en un contexto donde la discusión sobre pensiones ha trascendido la pregunta tradicional de cuánto recibirá un trabajador al retirarse. Factores estructurales como el envejecimiento acelerado de la población, la informalidad laboral persistente, el bajo ahorro voluntario y el costo creciente de mantener sistemas públicos de retiro están obligando al país a enfrentar un desafío de magnitud sin precedentes: garantizar pensiones adecuadas sin comprometer la viabilidad financiera de los sistemas que deben sostener estos pagos durante décadas.
Este fenómeno trasciende las fronteras mexicanas. Responde a una presión demográfica global que está reorganizando los fundamentos mismos de los sistemas de pensiones. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000 había aproximadamente 22 personas de 65 años o más por cada 100 habitantes de entre 20 y 64 años en sus países miembros. Esta relación aumentó a 33 en 2025 y podría alcanzar 52 adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar hacia 2050. La implicación es directa: habrá proporcionalmente menos trabajadores para sustentar a una población jubilada cada vez más numerosa.
Una de las causas paradójicamente positivas de esta crisis es que la humanidad vive más años. Para 2024, una persona que alcance los 65 años en países de la OCDE tendrá una esperanza de vida adicional de 18.5 años en el caso de los hombres y 21.6 años para las mujeres. Estas cifras seguirán aumentando en las próximas décadas, extendiendo los períodos de jubilación más allá de lo que los sistemas originales contemplaban. Esta transformación demográfica altera las matemáticas sobre las que se construyeron muchos esquemas de retiro. Los sistemas de reparto requieren un número suficiente de trabajadores cotizando para financiar a los jubilados, mientras que los sistemas de cuentas individuales necesitan carreras laborales prolongadas, contribuciones adecuadas y rendimientos que permitan acumular recursos para jubilaciones que pueden extenderse por dos décadas o más.
La OCDE advierte que el envejecimiento de la población y la menor fertilidad están incrementando la presión financiera de manera irreversible, lo que llevará a los países a enfrentar una combinación de medidas: mayores contribuciones, modificaciones a las prestaciones o retrasos en la edad de retiro. En efecto, las leyes recientemente aprobadas ya están aumentando las edades normales de jubilación en varios países desarrollados.
México no está exento de esta problemática. Recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayan que la sostenibilidad financiera de las pensiones está ganando un papel central en las discusiones jurídicas sobre jubilaciones. Un caso relevante se presentó en Nayarit, donde la Corte analizó la Ley del Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de las Trabajadoras y los Trabajadores del Estado de Nayarit, que sustituyó el esquema anterior por un sistema basado en cuentas individuales administradas a través de un fondo estatal.
Entre los aspectos más destacados, el Pleno de la Corte aprobó aumentar de 30 a 35 años el tiempo de cotización necesario para recibir el 100% de la pensión por vejez. La Corte concluyó que este cambio no vulnera el principio de progresividad, ya que busca garantizar la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema. Este criterio es especialmente relevante, dado que el tribunal ha expresado que el riesgo de colapso financiero es una preocupación que debe ser atendida de manera prioritaria. La decisión refleja un cambio conceptual en cómo se entiende el derecho a la pensión: no como una garantía absoluta desvinculada de la capacidad financiera del sistema, sino como un derecho que debe coexistir con la viabilidad de largo plazo del esquema que lo sostiene.
Esta tensión entre derechos adquiridos y sostenibilidad financiera define el debate de pensiones para la próxima década en México y en economías emergentes similares. Los gobiernos enfrentan la necesidad de comunicar que las reformas estructurales no son opcionales, sino consecuencia inevitable de cambios demográficos que ningún país puede eludir.
