El Ministerio de Finanzas de Guatemala impulsa la iniciativa 6688 para digitalizar las compras del Estado. El Ministerio de Finanzas de Guatemala ha presentado la iniciativa 6688, una propuesta destinada a sustituir la ley de contrataciones del Estado vigente desde 1992. Esta reforma busca modernizar y digitalizar por completo las compras públicas, ampliar las modalidades de adquisición y fortalecer los controles sobre los proveedores, todo ello antes de que la discusión del presupuesto nacional desplace este importante tema de la agenda del Congreso. La propuesta contempla elevar de cuatro a nueve los mecanismos de compra pública y aumentar el límite para la contratación simplificada a 300,000 quetzales, con ajustes periódicos alineados con la inflación. Además, se transformaría la plataforma Guatecompras, que pasaría de ser un simple repositorio documental a una herramienta transaccional con trazabilidad completa. Durante el reciente Congreso Mercado Público 2026, representantes del Ministerio de Finanzas expusieron los objetivos de esta reforma, defendiendo la necesidad de reemplazar la normativa actual por una nueva ley. El proyecto fue entregado al Congreso de la República en noviembre de 2025. Carlos Melgar, viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, destacó los ejes centrales de la iniciativa, que incluyen la implementación de un Sistema Nacional de Compras Públicas y la transformación de Guatecompras en una plataforma operativa. Asimismo, se aplicarán mecanismos más estrictos para inhabilitar a los proveedores que incumplan con sus obligaciones hacia el Estado. El rediseño propuesto tiene como objetivo modificar la forma en que se llevan a cabo las adquisiciones estatales. Según Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas, la iniciativa no solo busca corregir aspectos de la normativa actual, sino reemplazarla por completo para lograr una modernización y agilización del sistema en su totalidad. La legislación vigente, que data de 1992, ha sido objeto de más de 14 reformas, lo que ha generado vacíos jurídicos y contradicciones operativas. Originalmente, estaba enfocada en infraestructura vial y adquisición de medicamentos, dejando a otras áreas con un marco normativo obsoleto. El trabajo técnico detrás de esta iniciativa comenzó entre 2017 y 2019, con la colaboración de cinco agencias de cooperación internacional y alrededor de 300 reuniones técnicas. Xiomara Morales, directora general de Adquisiciones del Estado, subrayó que la propuesta se fundamenta en estudios especializados y estándares internacionales. La iniciativa se sostiene en cuatro pilares fundamentales: modernización del Estado, transparencia y rendición de cuentas, fortalecimiento del mercado y generación de confianza a través del control social. De esta manera, el cambio normativo busca desplazar el enfoque del formalismo jurídico hacia una gestión más técnica y eficiente de las compras.