Gobiernos de América Latina enfrentan un dilema creciente: mantener incentivos tributarios que atraen inversión agrícola o fortalecer la recaudación fiscal para financiar infraestructura y servicios públicos. Organismos multilaterales como la OCDE han comenzado a cuestionar la viabilidad de estos regímenes especiales, argumentando que después de dos décadas de expansión, sectores como el agroexportador ya no requieren protección tributaria y deberían contribuir con tasas estándar.
En Perú, el análisis de política tributaria para 2026 identifica un caso paradigmático: grandes agroexportadoras pagan una tasa de Impuesto a la Renta del 15%, casi la mitad de la tasa general del 29.5%, complementada con deducciones aceleradas, exenciones de IGV y un sistema de drawback que beneficia desproporcionadamente a empresas de mayor escala. A pesar del crecimiento del 363% en exportaciones agrícolas entre 2011 y 2024, la contribución fiscal del sector apenas alcanza el 3% de su valor agregado en el caso de grandes empresas. Este desfase revela una paradoja: el sector crece, pero su aporte tributario se estanca, transfiriendo el costo del desarrollo a otros segmentos económicos.
La recomendación central es eliminar la tasa reducida y retornar al régimen general, mientras se rediseña el sistema de devolución de impuestos para limitarlo a aranceles efectivamente pagados, no a porcentajes fijos sobre exportaciones. Los pequeños productores, con capacidad contributiva limitada, serían los únicos beneficiarios de incentivos, sometidos a análisis riguroso de costo-beneficio. Esta propuesta responde a un contexto fiscal más amplio: el costo de gastos tributarios en Perú supera el 2.2% del PIB, mientras el déficit fiscal alcanza ese mismo nivel, creando presión para racionalizar beneficios.
Contextualmente, Perú presenta el ratio de impuestos sobre PIB más bajo de América Latina y la OCDE (16.3% versus promedio de 35%), con informalidad laboral del 70% y evasión tributaria entre 28-55% según el impuesto. Estos indicadores sugieren que el problema no es solo el diseño de incentivos, sino la estructura tributaria general. Sin embargo, organismos internacionales argumentan que los incentivos fiscales solo son justificables ante barreras estructurales comprobables —falta de infraestructura, capacitación deficiente— que el sector agroexportador peruano ya ha superado tras dos décadas de operación.
La tensión subyacente refleja un cambio en la filosofía de política tributaria global: pasar de incentivos horizontales (que benefician a sectores completos) a políticas de inversión selectivas con evaluación de impacto. Esto implica que gobiernos latinoamericanos deberán elegir entre mantener competitividad tributaria para atraer inversión agrícola o fortalecer ingresos fiscales para financiar transformaciones digitales, educación y sostenibilidad ambiental. La decisión de Perú en este frente podría establecer precedentes para otros productores agrícolas de la región.
