Transformación de registros automotores avanza de manera gradual, con resultados que contrastan significativamente con los compromisos iniciales. Aunque el Gobierno anunció el cierre de 291 registros seccionales mediante resoluciones sucesivas, la nómina oficial de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) muestra una reducción efectiva de apenas 11 dependencias en dos años, pasando de 1,557 a 1,546 seccionales entre mayo de 2024 y la actualidad.
Esta discrepancia entre cifras anunciadas y resultados concretos revela un patrón común en procesos de modernización estatal: la complejidad operativa de desmantelar estructuras administrativas heredadas. La brecha se explica principalmente por la transferencia de competencias entre registros más que por cierres definitivos. Sin embargo, el factor crítico que ralentiza la transformación es la digitalización de legajos, un requisito indispensable para crear el Legajo Digital Único a nivel nacional. Sin esta base digital, los registros no pueden cerrar efectivamente sus operaciones físicas.
A pesar de los obstáculos, el Gobierno ha implementado cambios estructurales en el modelo de negocio: unificó aranceles al 1% de la transferencia, eliminó costos por cédulas de identificación y chapas patentes, estableció topes de ganancia para los registros automotores, e introdujo el Certificado Digital Automotor. El proyecto más ambicioso es el Registro Único Nacional Automotor (RUNA), que permitirá alta inicial y patentamiento completamente digital y remoto, eliminando progresivamente la necesidad de acudir a oficinas físicas y reduciendo el uso de papel.
La resolución más reciente del Ministerio de Justicia, publicada en agosto, evidencia la intención de continuar con el proceso de reorganización, aunque a ritmo más lento. La decisión de no completar un concurso de 21 años para designar permanentemente al responsable del Registro Seccional número 2 de San Miguel de Tucumán, que estaba bajo intervención desde 2005, refleja una estrategia de contención: evitar nuevas designaciones en registros cuya continuidad está supeditada a la reorganización en curso. Esta política pública busca racionalizar la estructura y promover la tramitación remota, aunque su implementación enfrenta desafíos técnicos y operativos que explican por qué el cierre de oficinas ha sido más lento que lo anunciado inicialmente.
